La reforma en materia de outsourcing o subcontratación que fue aprobada, tiene la finalidad de evitar abusos a los trabajadores y la violación de sus derechos.
Esta reforma obliga a las empresas a reconocer a su personal.
Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), detalló que el objetivo de esta iniciativa era detectar la subcontratación abusiva, la cual provocaba una inestabilidad en el empleo, el subregistro en el Seguro Social, la evasión del reparto de utilidades y de impuestos, así como la competencia desleal entre las mismas empresas.
La funcionaria dio a conocer los ocho puntos más relevantes en los cambios a las leyes laborales.
1.- Se prohíbe la subcontratación de personal.
2.- Las empresas deberán transferir y reconocer como trabajadores propios a los que realizan actividades principales en las empresas.
3.- Se permite subcontratación de servicios y obras especializadas que no formen parte de actividad preponderante.
4.- Las empresas que presten servicios deberán estar en registro obligatorio ante la STPS, demostrando el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad social.
5.- Las empresas que reciban estos servicios deberán responder frente a trabajadores en caso de incumplimiento.
6.- Se homologan los criterios del Código Fiscal, de la Ley del ISR y la del IVA con la Ley Federal del Trabajo; para evitar la defraudación fiscal.
7.- Se endurecen sanciones para incumplimiento.
8.- Se reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que en el gobierno federal no exista la subcontratación. Se iniciará un proceso de diagnóstico para regularizar al personal en modalidad de outsourcing.
En la reforma se establece que el registro de los trabajadores deberá ser público y transparente, y en caso de que se encuentren incumplimientos se perderá el derecho a ser parte del padrón.
El Poder Ejecutivo tendrá un mes para la publicación del acuerdo y los lineamientos.
Cada tres años las empresas deberán actualizar sus registros en la Secretaría del Trabajo, y a partir de ese momento tienen 90 días para que puedan regularizarse.
Según información de Milenio, 300 mil trabajadores ya han sido reconocidos por sus compañías.
Una vez publicada la ley, la empresa tendrá la obligación de repartir el 10 por ciento de las utilidades entre los trabajadores.
Con información de: www.milenio.com
