Rogelio Rodríguez Mendoza
Palacio Legislativo de San Lázaro.- Con 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza, fue desaforado por la Cámara de Diputados, para enfrentar un proceso penal por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Erigido en Jurado de Procedencia, el Pleno de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, aprobó el dictamen emitido el miércoles pasado, por la Sección Instructora que declaró procedente la solicitud de desafuero presentada el 23 de febrero pasado por la Fiscalía General de la República (FGR).
Previamente al debate del expediente, la asamblea legislativa permitió que los representantes de la FGR expusieran los elementos de prueba existentes en la carpeta de investigación 392/2020, con los cuales sustentan la solicitud de desafuero contra el mandatario, y para que la defensa encargada por el abogado Adolfo Aguilar Zinser presentara sus alegatos.
Los fiscales acusaron al mandatario tamaulipeco de haber acumulado una fortuna de más de 900 millones de pesos en los últimos años a través de cuentas bancarias y de diversas propiedades, como ranchos, restaurantes, empresas, algunas de ellas en Estados Unidos.
Por parte de la Fiscalía General de la República, Elizabeth Alcántar Cruz expuso el resultado de la investigación presentada iniciada contra Cabeza de Vaca, «de la cual se obtuvieron medios probatorios» por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparado.
Lo anterior, valiéndose de los cargos con una treintena de propiedades obtenidas de entre 2005 a 2019 y por tener supuestamente un caudal de bienes ocultos hasta por más de 951 millones de pesos, muy por encima de lo declarado en su campaña de gobernador.
Enumeraron además una serie de transferencias bancarias por cantidades millonarias provenientes de diversas fuentes, entre ellas empresas ligadas a la delincuencia organizada o catalogadas como defraudadoras.
Por su parte, el abogado Zinser argumentó que dentro del dictamen de la Sección Instructora la resolución solamente se concentró en el delito de defraudación fiscal equiparada, por un monto de poco más de seis millones 500 mil pesos.
Sin embargo, argumentó que el delito es inexistente porque son recursos que se pagaron oportunamente ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por ser los impuestos derivados de la venta de un departamento en Santa Fe, por parte del gobernador, García Cabeza de Vaca.
Dijo que cuando la Procuraduría Fiscal de la Federación presentó la acusación no sabía de la existencia de que la esposa del mandatario era copropietaria del inmueble, y que ambos pagaron oportunamente los impuestos correspondientes.
Para probarlo, presentó el pago respectivo del ISR, hecho en abril del 2020.
Durante la discusión del dictamen, el diputado Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados y mostrando pancartas con el lema “No a la justicia electorera”, mostró su inconformidad por el sesgo que se ha dado al caso de García Cabeza de Vaca y acusan al presidente Andrés Manuel López Obrador de actuar fuera de la ley en este proceso, al tiempo que se protege a otros actores políticos,
“La razón de este lamento, es porque estamos frente a un acto faccioso dirigido a tiempos electorales y que son casos que se manejan a capricho del presidente de la República”, expresó Romero Hicks.
Uno de los oradores en el debate, el diputado de PT, Gerardo Fernández Noroña alegó que lo que se está defendiendo es la legalidad y combatiendo la corrupción, calificando a los legisladores panistas de “hipócritas”.
La diputada Adriana Dávila Fernández del Partido Acción Nacional, aseguró que las aseveraciones que ha emitido Cabeza de Vaca al presidente, en torno a que le ha hablado de frente, es lo que enfureció al mandatario y por eso comenzó la persecución política.
“Al presidente le enfurece que en Tamaulipas sí ha habido resultados”, dijo.
Además, hizo un recuento de lo que consideró graves omisiones del Gobierno de la República como la falta de medicamentos a niños con cáncer y el tema de la inseguridad que afecta a todo el país, además de los crímenes contra las mujeres.
Igualmente se refirió al presidente como “el sembrador de odio” al señalar que durante 18 años Andrés Manuel López Obrador recorrió el país para dividir opiniones y polarizar a los mexicanos.
Luego de la intervención en tribuna de otros diputados a favor y otros en contra del dictamen y de casi cinco horas de argumentaciones acaloradas por momentos, se dio paso a la votación para determinar la procedencia del desafuero en contra de Francisco García Cabeza de Vaca, mismo que fue aprobado por mayoría en la Cámara Baja.
