Chantal Martínez Díaz.-
Cd. Victoria, Tam.-
Al iniciar la discusión del dictamen del juicio político contra el Gobernador de Tamaulipas, de entrada, el PAN solicitó la suspensión de la sesión para evitar el debate, misma que fue negada.
Antes, (desde las once horas) y sin la presencia del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, la Cámara de Diputados se erigió en Jurado de Procedencia para resolver el dictamen de la declaración de procedencia para desaforar al Gobernador de Tamaulipas.
Mediante escrito, el mandatario pidió fuera considerada su comparecencia y ratificó la designación de Alonso Aguilar Zinser y su equipo de abogados.
Por parte de la Fiscalía General de la República, Elizabeth Alcántar Cruz expuso el resultado de la investigación presentada iniciada contra Cabeza de Vaca, «de la cual se obtuvieron medios probatorios» por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparado.
Lo anterior, valiéndose de los cargos con una treintena de propiedades obtenidas de entre 2005 a 2019 y por tener supuestamente un caudal de bienes ocultos hasta por más de 951 millones de pesos, muy por encima de lo declarado en su campaña de gobernador.
Según la representación de la Fiscalìa General de la República, las propiedades han sido distribuidas entre José Manuel e Ismael, sus hermanos, sus primos y hasta la madre del Gobernador.
Así mismo acusó que en su calidad de gobernador diseñó un esquema que operó desde el gobierno con recursos públicos para beneficiar a su familia y a los C.C. Francisco Tamez Arellano y Baltasar Higinio Reséndez Cantú, sus socios, éste último se encuentra en la lista de personas que realizan actividades sospechosas de lavado de dinero.
Alcántar Cruz dijo que existen datos suficientes de que Cabeza de Vaca presentó su declaración y causó perjuicio al fisco por dejar de pagar seis millones 511 mil 777 pesos como daño a la Hacienda Pública Federal.
Sostuvo que la FGR recabó la ampliación de denuncia y que tampoco pasa desapercibido que se defiende (Cabeza de Vaca), que los más de 40 millones de pesos en 2019 corresponde a una operación lícita de la venta del departamento de Santa Fe.
Señaló que «la defensa del Gobernador lejos de aclarar robustece más la ilicitud de su actuar», por lo que pidió declare ha lugar la procedencia por los delitos de delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
VULNERARON SUS DERECHOS: DEFENSA
En tanto, Alonso Aguilar Zinser al abundar a los alegatos, dijo que las acusaciones que hiciera ante el Jurado de Procedencia la Fiscalía, no obran en el expediente y hasta que se trata de conductas de terceras personas.
Por ello solicitó que consideren que el procedimiento vulneró el derecho a la privacidad de Cabeza de Vaca.
«Se divulgó contenido de la carpeta que originó una percepción pública de conductas que no fueron parte».
Y según Zinser, con la sesión del 19 de abril se generó la creencia que se encontraba vinculado con organizaciones criminales y ahora no hay prueba alguna que se le vincule, expresó.
«Se vulneró de manera grave el derecho a la presunción de procedencia ilícita. Ninguno de esos datos ha sido corroborado».
Y hasta añadió que «no hay ninguna prueba que la familia del gobernador tuviera los 900 millones, pues el desafuero hubiera sido por eso. Lo único que está acreditado es la venta del departamento», por ello solicitó que no se apruebe porque no está acreditado el delito de defraudación fiscal.
Por cuanto hace a la réplica, la Fiscalía General de la República en voz de Elizabeth Alcantar Cruz, aclaró que el presente no se trata de un juicio penal, pues ese en su caso debería llevarse ante el juez y si no es responsable, pues que acepte y se someta a la jurisdicción de un juez federal para aclararlo.
Posterior a ello la defensa y la FGR se dirigieron a una sala de espera para dar paso a la discusión ante el Pleno.
