Este lunes 17 de mayo, el Gobierno de México llegará al Día Mundial del Internet, con la ambiciosa meta de garantizar «Internet para Todos», un programa del presidente Andrés Manuel López Obrador que se ha retrasado en un país donde casi 35 millones siguen sin acceso.
En el 2019, en su primer año de mandato, prometió cobertura universal para 2021, luego aplazó su meta a 2022 y el mes pasado la pospuso hasta 2023.
El pasado mes de abril señaló que lo quiere hacer a más tardar en el (20)23, esto es tener todo el país comunicado mediante internet, ese es el compromiso, y fue asumido desde que llegó al Gobierno.
Ramiro Tovar, profesor de economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), consideró que se está a mitad del sexenio, y aún no existe «estabilidad institucional» ni «financiamiento constante» para proyectos públicos y privados que permitan alcanzar las metas.
Señaló que ya van tres años de la actual administración y todavía no vemos la implementación efectiva de metas predeterminadas y sujetas a una evaluación.
En el país hay 80.6 millones de personas con internet, pero aún hay 34.4 millones que no son usuarias, casi un tercio de la población, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Según INEGI, solo 44.3 por ciento de los hogares tiene computadora y 56.4 por ciento conexión a internet.
Elena Estavillo, presidenta de la agrupación Conectadas, mencionó que no es necesariamente malo ponerse metas ambiciosas, es importante porque la necesidad es muy apremiante porque las comunidades sin acceso tampoco tienen otros servicios públicos y están en una situación de mucha marginación.
El análisis del presidente es que sólo 25 por ciento del territorio nacional está comunicado por internet por «los atrasos de la corrupción del neoliberalismo» y el interés económico de las empresas privadas.
En 2019, por ello, creó una filial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa del Estado, llamada CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, que invertirá 11 mil millones de pesos (550 millones de dólares).
La meta para 2025 es habilitar 200 mil puntos de acceso a internet gratuitos, extender los servicios de red y banda ancha a cerca de 130 mil localidades y adecuar infraestructura para generar «una gran capacidad de transporte de datos».
Estavillo coincidió en que «no es un secreto» que para las empresas no es rentable comunicar a las comunidades más apartadas, advirtió «acciones desarticuladas» del Estado.
La también ex comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), indicó que la CFE no es una autoridad, es una operadora estatal y ahí pareciera haber una confusión tremenda porque no tiene facultades para hacer política pública, no es una secretaría de Estado.
Cuestionó la desaparición de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y el «debilitamiento» de otros organismos encargados de la digitalización en medio de «un momento disruptivo» ocasionado por la pandemia.
Indicó que no estamos viendo un plan integral de digitalización del país, no tenemos una estrategia nacional, aunque para algunas comunidades se cumpla la meta de llevar el internet, va a legar a un lugar donde muy probablemente la población no tenga habilidades digitales.
El profesor Tovar señaló que las «primeras deficiencias» surgieron con la reforma de telecomunicaciones de 2013, impulsada por el gobierno anterior.
Dijo que fue eminentemente de carácter regulatorio y dejó un hueco enorme sobre mecanismos inmediatos para promover la penetración y la cobertura de los servicios de telecomunicaciones en el territorio nacional, no se incluyó ningún esquema institucional.
Pese a las intenciones del presidente, el académico del ITAM advirtió que «no hay lo fundamental»: presupuesto constante.
Consideró que por más que el presidente se reúna con directivos de los principales operadores de telecomunicaciones y que se hagan convenios, la verdad es que hay una insuficiencia de fondos, la meta es ambiciosa y, por lo tanto, imposible bajo las actuales circunstancias de finanzas públicas.
Según INEGI, el celular es la tecnología con mayor penetración en México, con 86.5 millones usuarios, 75.1 por ciento del total de la población, de los que 88.1 por ciento usan un celular inteligente o smartphone.
El gobierno de López Obrador creó en abril el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), que recopila los datos biométricos de las personas, la huella digital y el iris como condición para el servicio.
Jorge Fernando Negrete, presidente de la firma Digital Policy & Law Group, mencionó que: “Nuestros cálculos es que alrededor de unos 20 o 30 millones de mexicanos pueden quedar desconectados por esta iniciativa”.
Con información de: milenio.com
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