Alfredo Guevara.-
Cd. Victoria, Tam.-
Pese a ser un estado progresista, con la instalación de empresas maquiladoras, industriales y petroquímicas, entre 20 y 23 municipios de la entidad dependen prácticamente del envío de remesas de Estados Unidos a familiares que viven en Tamaulipas.
Y es que en menos de siete años se ha duplicado el envío de dólares del vecino país del norte a Tamaulipas, como resultado de las políticas de austeridad y mal gobierno, que ha ocasionado un mayor éxodo de tamaulipecos al vecino país del norte, indicó Jorge Alfredo Lera Mejía.
El vicepresidente de la Liga de Economistas Revolucionarios en la zona noreste del país, no descartó que a finales de este año, el envío de remesas de paisanos que realizan alguna actividad productiva en Estados Unidos supere los mil millones de dólares a Tamaulipas.
Lo anterior, tras el éxodo de tamaulipecos que se siguen yendo al extranjero en búsqueda de empleo, producto de la política de austeridad y el mal gobierno de la república, que lejos de impulsar la productividad, ha despojado de apoyos a productores agrícolas y ganaderos en general.
“Esa política está expulsando a más mexicanos, a más tamaulipecos, que son los que están enviando dólares a sus familias para poder sobrevivir, dado que ya no tienen a qué dedicarse, al haberles quitado todo tipo de apoyo al campo, a la ganadería, a las madres solteras, a guarderías y otros programas que desapareció”, indicó.
El también catedrático de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) recordó que hasta hace unos diez años el envío de remesas a la entidad era de 500 millones de dólares, que después subió a 800 y que se estima en este año podría llegar a los mil millones de dólares.
Por consecuencia, el envío de dinero verde es el que ha sostenido a miles de familias en un promedio de 20 a 23 municipios que prácticamente han sobrevivido con ello, al no tener ninguna clase de apoyo para dedicarse a actividades relacionadas con el campo y la ganadería.
Se trata de municipios de la zona rural, considerados como de los más pobres, a los que el Gobierno de la República les retiró apoyos para la producción como la entrega de Diésel, Procampo, Progran y otros incentivos que les permitía un nivel de vida.
