Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.-
La prevención y atención de violencia contra las mujeres sigue sin figurar dentro de las prioridades del Gobierno federal, tanto en términos presupuestario como en políticas públicas, incluso ni siquiera dentro del contexto de contingencia sanitaria por covid-19, denunció la organización no gubernamental, “equis.gob.mx”.
Este abandono institucional, advirtió, ha contribuido al aumento de violencia contra las mujeres en sus hogares y a mujeres en situaciones de vulnerabilidad.
“Lo que se ha visto hasta ahora es que aumentaron los asesinatos de mujeres durante la pandemia; el número de llamadas hechas al 911 relacionadas con violencia familiar, sexual y contra la mujer en el país y las atenciones brindadas por la Red Nacional de Refugios”, detalló.
Refirió que durante el mes de marzo del 2020 se registraron 20 mil 232 carpetas de investigación por el delito de violencia familiar abiertas en las fiscalías estatales del país. Esta cifra es mayor en comparación con las investigaciones iniciadas tanto en febrero como en enero de este año.
“Esta tendencia se mantiene incluso al realizar un contraste con cifras de años anteriores. De hecho, los registros de marzo de 2020 representan la mayor tasa de apertura de investigaciones penales por violencia familiar desde que el delito empezó a ser registrado a nivel nacional en 2015”, precisó.
En contraste, el Gobierno federal insiste en la adopción de un modelo militarizado de la seguridad pública, tanto en términos presupuestarios como en términos de decisiones gubernamentales.
A la par, añadió, en México, las autoridades confían demasiado en el derecho penal y en el uso de la fuerza para solucionar problemas sociales que van desde violencia contra las mujeres hasta problemas de salud pública.
“De hecho, durante la emergencia sanitaria por Covid-19, esta tendencia a recurrir al derecho penal y al uso de la fuerza es evidente. Por un lado, varias autoridades de los estados del país han amenazado con utilizar sanciones penales o han propuesto iniciativas de ley que pretenden sancionar, con privación de la libertad, el incumplimiento de las medidas sanitarias, la suspensión de actividades no esenciales y el resguardo en los hogares.
“Por el otro lado, el Gobierno federal insiste constantemente en involucrar a las fuerzas armadas no sólo en tareas de seguridad pública, sino también en tareas relacionadas con el control de la emergencia sanitaria por covid-19”, mencionó.
Lo anterior, dijo, a pesar de que durante más de quince años, este modelo militarizado de seguridad pública ha sido constantemente evidenciado como incompatible con los derechos humanos, pues ha ocasionado drásticos incrementos en las tasas de homicidios en el país, desplazamiento forzado de algunas comunidades, tortura y otras violaciones a derechos humanos.
Sin embargo, el Gobierno federal actual continúa implementando este modelo de seguridad cada vez con mayor intensidad.
“En resumen, nos preocupa, por un lado, que se estén priorizando recursos para una estrategia de militarización de la seguridad pública y para un cuerpo militarizado de seguridad y que, a su vez, se limiten o se cancelen los recursos para otros programas que atendían violencia contra las mujeres en México”, indicó.
La ONG insistió en el uso excesivo del Derecho Penal por parte de las autoridades en el país.
Por un lado, a nivel federal, tan solo desde que se comenzaron a implementar las “Jornadas de Sana Distancia” hasta finales de abril, las y los diputados publicaron al menos 20 iniciativas distintas de reformas o adiciones a leyes penales para sancionar con prisión: (1) a las personas que discriminen o agredan al personal de salud y funcionarios públicos o, en su caso, aumentar las penas privativas de la libertad para esas conductas 60; (2) a las personas con enfermedades graves o venéreas que pongan en riesgo la salud de otra persona 61; (3) a las personas que roben medicamentos; (4) a las personas que eleven o alteren los precios de venta de artículos de consumo necesarios o medicamentos 62; (5) y a las personas que acaparen, oculten o se nieguen a vender productos necesarios durante la emergencia sanitaria u otros desastres naturales, entre otras.
A nivel estatal, varios estados también han publicado medidas punitivas para hacer frente a la emergencia sanitaria.
