Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.-
Ante el preocupante incremento de hechos de violencia dentro de las escuelas, el Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal para endurecer el castigo para el delito de lesiones cuando se cometan al interior de una institución educativa.
Para ello, los diputados aprobaron una iniciativa que adiciona el artículo 325 Bis al ordenamiento punitivo.
La redacción del numeral en cuestión señala que: “Cuando las lesiones fueren cometidas al interior de una institución educativa pública o privada, se impondrá al responsable hasta una mitad más de la sanción que le correspondiera de acuerdo a este Capítulo”.
De acuerdo al Código Penal, se impondrá de tres días a cuatro meses de prisión cuando la lesión tarde en sanar hasta 15 días; y de cuatro meses a dos años de cárcel cuando las heridas tarden en sanar más de 15 días.
Se castigará con prisión
Sin embargo, si las lesiones son de las que ponen en peligro la vida la pena de prisión será de 3 a 8 años de prisión.
El dictamen aprobado señala que la reforma “tiene por objeto garantizar que los actos delictivos cometidos dentro de los centros educativos, se tipifiquen y sancionen; y en el caso de que ya se encuentren tipificados, se agrave su sanción, fortaleciendo así ambientes escolares pacíficos”.
El hecho es necesario, añaden, “porque en los últimos años el aumento en la incidencia de este tipo de comportamientos en el interior de los centros educativos, ha generado especial preocupación tanto a autoridades educativas como a la sociedad en general; lo anterior, debido a que estas conductas no sólo se dan entre los alumnos; sino que también son extensivas hacia el personal docente, administrativo e inclusive a los padres de familia”.
Por esas razones, los diputados consideraron viable establecer una agravante al delito de lesiones cuando fueren realizadas al interior de una institución educativa, pública o privada, imponiéndosele al responsable hasta una mitad más de la sanción que le corresponda.
Con ello, se busca desincentivar la incidencia de hechos de violencia para garantizar un entorno escolar más seguro.