Chantal Martínez Díaz
La diputada federal, Olga Juliana Elizondo Guerra dijo que es inadmisible que el Congreso de Tamaulipas haya claudicado a la voluntad popular y la división de poderes.
Lo anterior al haber utilizado de forma facciosa un poder público para imponer mecanismos ilegítimos que hoy protegen al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca de ser llevado ante la justicia.
Con una mayoría integrada por diputadas y diputados del PAN y PRI, el pasado 23 de junio el Congreso estatal aprobó una reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, para hacer definitivas e inatacables sus resoluciones en torno a los juicios de procedencia enviados por el Congreso federal.
“En los hechos, este cambio legislativo solo tuvo el propósito de asegurar la inmunidad procesal del actual titular del Ejecutivo”, dijo.
Sin embargo, aclaró que el Gobernador perdió el fuero desde el 30 de abril, luego que la Cámara de Diputados aprobara su destitución para ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la República; aun así, ha hecho uso de recursos políticos y vacíos jurídicos para mantenerse en el cargo.
El pueblo tamaulipeco merece vivir con paz, seguridad, bienestar y un gobierno honesto, que no se corrompa ante las tentaciones de la corrupción, el dinero ilícito y la violencia, añadió.
“Por ello, doy mi apoyo a los proyectos de controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad presentados por legisladoras y legisladores tamaulipecos de morena y del Partido del Trabajo, como la senadora María Guadalupe Covarrubias, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la inviabilidad constitucional de la reforma legal arriba citada, realizada por el Congreso de Tamaulipas”.
Aseguró que por ello, “desde el Congreso de la Unión, seguiré contribuyendo a la recuperación del cauce democrático e institucional en que deben estar sustentados los poderes públicos de Tamaulipas”.
