José del Carmen Perales Rodríguez
Sin excepciones todos los trabajadores de la educación de Tamaulipas deberán presentarse en sus centros de trabajo, una vez que se autorizó el regreso a clases presenciales por parte de las secretarías de Salud (SST) y Educación (SET), en los municipios que se encuentran en fase dos de emergencia epidemiológica.
Maurilio Saldívar Anaya, asesor jurídico de la Subsecretaría de Educación Básica, dio a conocer lo anterior y agregó que a partir de las fechas establecidas en el calendario escolar, iniciarán los procesos administrativos que contempla la ley.
«En este regreso a clases presenciales deberán presentarse todos los trabajadores de la educación a su centro de trabajo desde directivos, docentes, personal de apoyo y de asistencia a la educación en los municipios en fase dos», expuso.
Detalló que esto es con base en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del estado de Tamaulipas y su reglamento, que son los que principalmente regulan la relación laboral entre el Gobierno estatal y los trabajadores de la educación, así como establecen los derechos, las obligaciones y prohibiciones para ambas partes.
«En cuanto a la elaboración de los horarios en los centros de trabajo que se programen, los directivos no deberán exceder las jornadas laborales que correspondan a las claves presupuestales que ostentan los trabajadores», precisó.
Saldívar Anaya mencionó que con el regreso a clases presenciales, se retornará a los procesos tradicionales de control de asistencia, reporte de inasistencias y levantamiento de actas administrativas en los casos que establece la ley, mientras que en el caso de las escuelas que continúen con la educación a distancia, se seguirán observando los procesos adoptados.
«Tratándose de inasistencias por enfermedad el trabajador deberá presentar las incapacidades correspondientes expedidas por el Issste
Finalmente comentó que en este regreso a clases presenciales, «las autoridades educativas y escolares, así como trabajadores, tratándose de derechos humanos deberán hacer la interpretación más amplia de la ley y aplicar lo que más beneficia a los integrantes en general de la comunidad educativa».
