Rogelio Rodríguez Mendoza
Con 256 casos en los primeros ocho meses del año, los municipios del sur del estado, Tampico, Madero y Altamira, registran la mayor incidencia del delito de fraude.
Así lo revela la información estadística de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), la instancia responsable de investigar y perseguir los delitos.
De enero a agosto, las agencias del Ministerio Público del Estado han iniciado en total 854 carpetas de investigación por fraude.
El segundo lugar lo tiene Reynosa con 199; el tercero Victoria, con 171; el cuarto Matamoros con 127; el quinto Nuevo Laredo con 59 y el sexto Mante con 42.
El Código Penal establece que: “Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido”.
Las penas para el delito varían dependiendo del monto de lo defraudado, pero van desde los tres meses hasta los 12 años de prisión.
Con la socialización de las tecnologías de la información, el comercio electrónico se ha incrementado significativamente, pero a la par de ello han aumentado los fraudes.
México es uno de los países de Latinoamérica con más incidencia del delito.
Las formas o métodos de estafas son muy variadas, pero destacan algunas como el “fraude amigable”, que ocurre cuando cliente paga un determinado producto o servicio y luego afirma que el mismo nunca fue entregado, que sufrió algún daño, o incluso que fue un fraude con su tarjeta y que él no fue quien hizo la compra, aunque en la práctica realmente el proceso se haya llevado a cabo de forma óptima.
Así, obliga al comerciante a realizar un determinado reembolso, enviar un nuevo producto o a enfrentar un contracargo derivando en una pérdida financiera.
Otro tipo de fraude muy recurrido es el fraude triangulado, que ocurre a través de la invitación a hacer compras en sitios web falsos.
A esta práctica se le conoce como fraude de triangulación por el triple proceso que conlleva: atraer usuarios, robar sus datos y utilizarlos para futuras operaciones financieras.
Simultáneamente, es una amenaza para la imagen de las empresas, pues la misma es replicada y utilizada para perpetrar la estafa.
