diciembre 12, 2024
Publicidad
septiembre 8, 2021 | 147 vistas

Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tam.-
Penas que van de los tres a los seis años de prisión, se impondrán en Tamaulipas a quienes presten servicios educativos sin autorización o reconocimiento de validez oficial.

Lo anterior, luego de que el Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Penal, para incorporar el capítulo VI “Impartición Ilícita de Educación”.

Cuando el involucrado sea un servidor público, la pena aplicable se aumentará de una a dos terceras partes, y se le inhabilitará de cinco a diez años para desempeñar un empleo, cargo o comisión públicos.

En el numeral 189 Ter, se establece que: “Al que preste servicios educativos que conforme a la Ley requieren autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios y no los haya obtenido, se le impondrá una sanción de tres a seis años de prisión y multa de quinientas a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

“Si la referida autorización se encuentra en trámite, esto no será motivo para librarse de la responsabilidad. Si en este delito tuviere intervención cualquier servidor público, la pena aplicable se aumentará de una a dos terceras partes de las que le corresponda por el delito cometido y se le impondrá, además, la destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar un empleo, cargo o comisión públicos”.

Al dictaminar la iniciativa de decreto presentada por la diputada del partido Movimiento de Regeneración Nacional  (Morena), Edna Rivera López, la Diputación Permanente reconoció que con la reforma se visibiliza una problemática social que impera en la actualidad, ya que, en muchas ocasiones, los usuarios de las escuelas, en cualquier nivel educativo, ignoran la falta de validez oficial de dichas instituciones, lo que de manera posterior viene a repercutirles y les imposibilita a que éstos puedan acceder e incorporarse al mundo laboral.

Por esa razón, añade, es importante brindar a la población estudiantil la seguridad y la certeza jurídica de la validez oficial de los estudios que cursen en cualquier institución.

Comentarios