Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Los alcaldes tamaulipecos tendrán la última palabra en relación a dos reformas a la Constitución local mediante las cuales se busca blindar el presupuesto para las instituciones de seguridad pública, y elevar a rango constitucional el derecho del gobernador, del fiscal general de justicia y de los secretarios general de gobierno y de seguridad pública, a recibir protección personal al terminar su cargo.
Lo anterior debido a una reforma Constitucional de junio pasado, que establece que los ediles deberán avalar o rechazar las modificaciones a la Carta Magna.
Derivado de esa reforma, el artículo 165 de la Ley Suprema del estado establece que: “Esta Constitución podrá ser reformada y adicionada, pero para que las adiciones y reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que previamente sea tomada en cuenta la iniciativa de reformas o adición por la declaratoria de la mayoría de los Diputados presentes y que sea aprobada cuando menos por las dos terceras partes de los miembros del Congreso”.
Y añade”: “Una vez aprobada la iniciativa de reforma o adición se enviará ésta a los Ayuntamientos, con copia de las actas de los debates, los cuales en el término de 30 días naturales deberán notificar si la aprueban o no. Una vez transcurrido este término el Congreso realizará el cómputo correspondiente y, de obtenerse una mayoría de votos de los ayuntamientos en favor de la adición o reforma, ésta se declarará parte de la Constitución. Se considerará que aprueban la reforma y adición aquellos ayuntamientos que no envíen su votación en el término establecido”.
Un artículo transitorio fijó un plazo de 60 días para que el nuevo procedimiento legislativo para hacer enmiendas a la Constitución entrara en vigor, el cual venció el pasado 24 de agosto, por lo que llego el momento de que los alcaldes estrenen su nueva facultad.
De esa manera, una vez que el Pleno del Congreso del Estado, en su sesión extraordinaria de este viernes, apruebe las dos iniciativas de reforma Constitucional, los alcaldes deberán decidir si las respaldan o no. Se requiere el voto favorable de al menos 22 ediles.
Una de las reformas constitucionales que se aprobaran este día, busca evitar que el Congreso del Estado reduzca el presupuesto anual para las instituciones de seguridad pública. Los recursos nunca podrán ser inferiores a los autorizados un año antes.
La otra enmienda a la Carta Magna garantiza que, al concluir su mandato, el gobernador, el fiscal general de justicia y los secretarios general de gobierno y de seguridad pública, recibirán seguridad personal por el mismo periodo de tiempo que ejercieron el cargo, o por mayor plazo “en caso de la situación que lo amerite”.
