La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró, hace cinco años, inconstitucional el Código Civil de Tamaulipas al no permitir los matrimonios igualitarios y hace nueve meses la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhortó a la Legislatura estatal a reconocer estas uniones; sin embargo, la entidad lo continúa prohibiendo.
Por ello, miembros de la comunidad LGBTTTIQ+ han tenido que recurrir a 47 amparos colectivos y de pareja desde 2015, para que les permita casarse, pues los diputados de las anteriores tres legislaturas eludieron la disposición del máximo órgano de justicia del país, así como llamado del ombudsman y no garantizaron esta certeza jurídica.
Los amparos se han promovido a través de la asociación «México Igualitario» contra el Congreso y el Gobernador. Tres de los recursos son colectivos y el resto por pareja, mismos que le dan protección a un total de 230 mujeres y hombres tamaulipecos.
Al entrar en funciones la 65 Legislatura el pasado 1 de octubre, renació la esperanza de la diversidad sexual en que los matrimonios igualitarios puedan por fin ser permitidos en la entidad, ya que la mayoría simple la tiene Morena, pero además hay legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano que han ofrecido apoyar la adecuación a la ley.
La CNDH llamó al Congreso de Tamaulipas, el 22 de enero de este año a contribuir a eliminar la discriminación sistemática ejercida contra este grupo de la población y hacer valer su derecho a formar una familia.
“Se les recuerda que el artículo Primero Constitucional, en su párrafo quinto prohíbe la discriminación motivada por cualquier característica inherente a las personas”, decía el escrito enviado al Legislativo.
La comisión le recordó a ese poder que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que no existe razón de índole constitucional para no reconocer la unión entre personas del mismo género.
La CNDH señaló que el máximo tribunal del país ha declarado la inconstitucionalidad de las disposiciones legales de cualquier entidad federativa, que acoten al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.
Armando Zertuche Zuani, presidente de la actual Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, se ha pronunciado por llevar a consenso de la sociedad el tema y debatirlo. Así como él, el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Suárez Mata, considera que es necesario escuchar a la ciudadanía y para ello ve viable una consulta pública.
En el oficio enviado a la pasada Legislatura, la CNDH dejaba claro que los derechos humanos no se someten a consulta. La diputada local, Úrsula Salazar Mojica, también de Morena, se muestra abierta a discutir el tema una vez que se definan las comisiones de los legisladores.
“Estamos esperando los tiempos, pero sí deseamos hacer una homologación de las leyes federales a la ley de Tamaulipas”, expuso en Altamira. Mercurios Espinoza del Ángel, representante de la comunidad lésbico gay en la zona conurbada, lamenta que el estado se haya rezagado en el tema, después de que en la Ciudad de México se legisló desde 2009.
Mencionó que el criterio de la SCJN contra el Código Civil de Tamaulipas surge a raíz de que les fuera negado un amparo colectivo en Nuevo Laredo y sentó jurisprudencia en la materia.
“El amparo en revisión 482/2016 fue resuelto a nuestro favor por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo ponente fue el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y derivó del amparo indirecto 198/2014, radicado en el Juzgado Tercero de Nuevo Laredo, firmado por 57 ciudadanas y ciudadanos tamaulipecos”.
Desde que la Corte declaró dicha inconstitucionalidad, pasaron tres legislaturas locales que omitieron entrar al tema. Una de mayoría priista y dos con aplanadora azul. Espinoza del Ángel señala que el PRI se resistió argumentando que “no eran los tiempos” y “traería un costo político”, mientras Acción Nacional siempre se negó a discutirlo porque es un partido cuya ideología no es afín a estos derechos.
“Queremos que sea presentada y aprobada una nueva iniciativa que permita los matrimonios igualitarios porque en anteriores legislaturas se han propuesto pero no hubo voluntad para sacarlas adelante”, expresó.
Señaló que los partidos han dado la espalda a sus propios miembros que son parte de esta comunidad y a los cuales se ha apoyado con la tramitación de amparos, pero actualmente ven señales de apertura que los hace pensar que la modificación a la ley es inminente. Y es que han hablado con varios diputados locales de Morena que les han hecho saber que impulsarán la iniciativa, pero también tienen la promesa de legisladores de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Mientras tanto, el grupo LGBTTTIQ+ continúa trabajando en amparos.
Desde que comenzó la nueva legislatura, varios miembros del grupo se han hecho presentes en las sesiones del Palacio Legislativo, donde se manifiestan pacíficamente extendiendo su bandera desde graderías.
“Por primera vez la bandera arcoíris ondea con libertad en el salón de plenos, donde la comunidad lésbico gay clama derechos y busca ser escuchada”, expuso Mercurios Espinoza, quien considera que aquellas declaraciones donde legisladores hablaron de someter los matrimonios igualitarios a consulta no se llevarán a la práctica pues “no hay más que discutir, se trata de acatar una disposición de la Suprema Corte”.
Espinoza confía en que pronto puedan estar aterrizando las reformas al Código Civil de la entidad, que abrirán la puerta para que las parejas del mismo sexo puedan unirse.
Sin embargo, de darse una consulta pública, impugnarán de inmediato. El abogado Fausto Villarreal García, mencionó que no legislar sobre ello es violatorio de tratados internacionales en materia de derechos humanos, por lo que recomienda a los diputados locales adecuar la legislación civil y cumplir con esta deuda que se tiene con personas que se asumen como lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex.
“Toda ley que limite estas bodas con el argumento de que no se cumple el fin del matrimonio que es la procreación, es inconstitucional, discriminatoria y no cabe en un estado de derecho”, comentó el representante de la Federación de Asociaciones de Abogados en Tamaulipas.
Villarreal García explicó que el Artículo Primero Constitucional establece que “queda prohibida toda discriminación motivada por las preferencias sexuales”. Añadió que como parte de la jurisprudencia que es de carácter obligatorio, la Corte ha obligado en diversos amparos a las oficialías del Registro Civil donde se han impedido estos matrimonios en primera instancia, a que concedan este derecho fundamental a parejas que deseen unirse siendo del mismo sexo”.
A pesar de lo anterior, así como Tamaulipas, hay siete estados más que se resisten a permitir las uniones de personas del mismo sexo, Durango, Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Tabasco, Veracruz y Zacatecas. Quienes sí admiten este derecho son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Yucatán.
“Una orientación sexual diferente se ha llegado a considerar una desviación o un trastorno psicológico y hay una corriente moralista que lo ve como un pecado”, comentó Villarreal García. La Encuesta Nacional Sobre Discriminación (Enadis 2017) arrojó que entre los motivos más frecuentes por los que la población declaró haber sido discriminada se encuentra la orientación sexual.
Según con los resultados, en Tamaulipas, un 60 por ciento de la población justifica “poco o nada” que dos personas del mismo sexo vivan juntas como pareja. Este sondeo también indicó que 32.3 por ciento de la población en la entidad no le rentaría un cuarto de su vivienda a personas de ese grupo de la sociedad. La SCJN considera que la prohibición de bodas entre personas del mismo sexo, diferente al matrimonio culturalmente aceptado entre “hombre y mujer”, viola el principio de igualdad, de no discriminación, así como el derecho al libre desarrollo personal.
Con información de: milenio.com
