Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
La bancada de Morena en el Congreso del Estado presentó una iniciativa de Ley de Amnistía para Tamaulipas, que es una réplica de la que fue aprobada en el ámbito federal en diciembre del 2020.
El documento fue recibido por la mesa directiva del Pleno Legislativo durante la sesión del pasado miércoles, por lo que fue turnada a comisiones para ser analizada y dictaminada.
La iniciativa otorgaría el perdón a delitos como el aborto, contra la salud y robos simples sin violencia, que hayan sido cometidos por personas pobres, de extrema vulnerabilidad, discapacitados e indígenas que no hayan llevado un proceso apegado a derecho.
“Es objeto de esta iniciativa, instituir el olvido legal y la extinción de la responsabilidad penal de los autores de algunos delitos, pero solo cuando, ya sea que estén sentenciados, sean procesados o estén por procesar, se adviertan circunstancias justificadas por las que dichas personas merezcan un trato o protección especial de acuerdo a su condición social de desventaja, o bien que, en razón de las carencias del sistema de justicia o el de reinserción social, así como una forma de paliar el hacinamiento en los centros de ejecución de sanciones, de modo que resulte más aconsejable desde la perspectiva del juez o el tribunal competente, a solicitud de la institución o persona interesada o legitimada, acordar el beneficio de la amnistía” argumentan los legisladores de Morena en la exposición de motivos.
Pretextan también que la ley de amnistía se hace necesaria porque los reclusorios del estado están saturados lo cual deja más vulnerables a los internos en condición de pobreza. “que
en ocasiones se han visto involucrados en asuntos en los que, de haber estado libres, no habrían incurrido”.
Igual que a nivel federal, el procedimiento de solicitud de amnistía pueda ser iniciado ante el juez competente por la persona interesada o su defensa, por organismos defensores de derechos humanos legalmente reconocidos en el caso de que emitan recomendaciones por estimar que ha habido violaciones a los derechos o al debido proceso de estas personas, o por personas que tengan relación de parentesco hasta el cuarto grado con el interesado.
Aunado a ello, se faculta al Consejo de la Judicatura del Estado para emitir acuerdos generales para normar el procedimiento, sin dejar de considerar los plazos y previsiones que al respecto dispone la Ley de Amnistía.
