Aung San Suu Kyi, ex líder birmana depuesta y Premio Nobel de la Paz, fue condenada a cuatro años de cárcel en la primera sentencia por los diversos juicios a los que se enfrenta bajo la junta militar que tomó el poder en un golpe de Estado del pasado uno de febrero en Birmania, en Myanmar.

Fuentes cercanas al juicio, que no pueden identificarse por miedo a represalias por parte de la junta, precisaron que Suu Kyi, de 76 años, fue sentenciada a dos años de cárcel por el delito de incitación contra los militares y otros dos años por vulnerar la normas del Covid.

El delito de incitación, según el artículo 505(b) del Código Penal, se refiere a varios comunicados enviados por el partido de Suu Kyi, la Liga Nacional por la Democracia (LND), para oponerse al reconocimiento de la junta militar poco después del golpe.

La violación de las normas por la pandemia se debe a varios actos electorales celebrados por Suu Kyi antes de las elecciones de noviembre de 2020.

Suu Kyi fue sentenciada en una vista en la capital por un tribunal que impuso la misma condena por cargos idénticos al presidente depuesto, Win Myint, y una pena de dos años de cárcel para el exgobernador de Naipyidó, Myo Aung, por vulneración del artículo 505(b).

El tribunal no precisó a qué prisión serán enviados los detenidos, que durante el proceso han estado aislados por los militares y han tenido acceso limitado a sus abogados.

Esta sentencia también implica la inhabilitación política de los detenidos en el hipotético caso de que la junta celebre elecciones, algo que ha prometido sin fijar una fecha aún.

Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lamentó la condena contra Suu Kyi, que lideraba el país con el cargo de consejera de Estado hasta el golpe, y pidió su liberación.

“La condena de la consejera de Estado tras una farsa de juicio en medio de secretismo en un tribunal controlado por los militares ha sido un juicio político”, dijo en un comunicado Bachelet, quien dijo que se trata de una detención arbitraria que también cierra la ventana del diálogo.

Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea (UE), afirmó por su parte que las sentencias “representan otro paso hacia el desmantelamiento del Estado de derecho y una violación flagrante de los derechos humanos en Birmania”.

Human Rights Watch, Amnistía Internacional (AI) y otras ONG también han criticado las sentencias.

El subdirector de Campañas de AI en Asia, Ming Yu Hah, señaló que las duras sentencias contra Aung San Suu Kyi por estos cargos falsos son el último ejemplo de la determinación del Ejército de eliminar cualquier oposición y suprimir las libertades en Birmania.

“La decisión absurda y corrupta del tribunal es parte del patrón devastador de castigos arbitrarios que han provocado más de 1.300 personas muertas y miles de detenidos desde el golpe de Estado en febrero”, agregó Ming.

La activista recordó que hay miles de detenidos sin el perfil de Suu Kyi que se enfrentan a la “terrible posibilidad” de años en la cárcel por ejercer pacíficamente sus derechos a la protesta y disentir con la junta militar.

Contra Suu Kyi penden una decena de casos presentados tras la toma de poder por los uniformados, entre ellos acusaciones de corrupción, saltarse regulaciones de telecomunicaciones y violar la ley de secretos oficiales, todas castigadas con penas de cárcel.

Sus abogados, a los que la junta militar ha prohibido hablar con los medios de comunicación, señalan que su representada niega todas las acusaciones presentadas en su contra.

El Consejo de Seguridad de la ONU, numerosos Gobiernos como los de Estados Unidos, Reino Unido y Japón y la UE han pedido la liberación de Suu Kyi y otros detenidos por la junta militar liderada por el general Min Aung Hlaing.

Con información de: noticieros.televisa.com