Diego López Bernal.-
Cd. Victoria, Tam.-
A pesar de ser una de las entidades del país que cuenta con menos personal para el combate a la corrupción, Tamaulipas ha mantenido a raya este flagelo social, incluso logró disminuirlo de 2017 a 2019, según las estadísticas más recientes del Inegi sobre este problema.
A propósito del Día Internacional contra la Corrupción, que se celebra el nueve de diciembre, la dependencia da cuenta de cómo se ha desenvuelto este compromiso gubernamental en los años antes mencionados en los estados, en donde el nuestro se encuentra entre aquellos que presentan avances significativos.
En el 2017, el 11.3 por ciento de la población mayor de 18 años en nuestra entidad afirmó haber sido víctima de corrupción en al menos uno de los trámites realizados ante autoridades gubernamentales del estado, porcentaje que disminuyó para el 2019 hasta 7.7.
De hecho, este porcentaje de hace dos años colocó a Tamaulipas en el segundo lugar nacional con menos víctimas de corrupción, siendo superado solo por Colima y Zacatecas, entidades que compartieron el primero lugar con 6.9 por ciento, abundan los datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
Sin embargo, el reporte federal también consigna que nuestro estado está entre los que menos trabajadores cuentan en los Órganos Internos de Control (OIC), encargados del combate a la corrupción al interior de las administraciones gubernamentales.
Por cada mil servidores públicos, en nuestra entidad había en el 2019 solamente 1.7 en funciones para los OIC; en contraste, Chiapas tenía más personal, con 6.1; Jalisco, 5.2; San Luis Potosí, 4.7, y cierra el “top cinco” Querétaro, con 4.2; la media nacional fue de 2.1.
Como datos más destacados a nivel nacional, el Inegi informó este miércoles que durante el 2019 el 15.7 por ciento de las personas adultas que tuvieron contacto con servidores públicos fueron víctimas de corrupción, mientras que el 5.1 por ciento de las empresas tuvieron experiencia directa de actos de corrupción el año pasado.
Asimismo, durante el 2019 un total de seis mil 154 servidoras y servidores públicos fueron sancionados; de ellos, el 44.6 por ciento estaban adscritos a instituciones de la administración pública federal y el resto a las administraciones públicas estatales.
