Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.-
Fue aprobada en comisiones la Ley de Austeridad para el Estado y municipios de Tamaulipas, que pondrá fin a los excesos y lujos por parte de los servidores públicos.
El dictamen, emitido por las Comisiones de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública, y de Asuntos Municipales, que recayó en la iniciativa promovida por la bancada de Morena y que es una copia de la que está en vigor a nivel federal, será llevado ante el pleno legislativo para su aprobación, en la sesión del próximo martes.
La ley constará de 39 artículos y 4 capítulos, y además tiene un transitorio que da un plazo de 90 días para su entrada en vigor. Las dependencias públicas deberán emitir sus reglamentos de austeridad.
Con el nuevo ordenamiento normativo se limitará la compra de vehículos de lujo o blindados. Los que se compren no deberán rebasar el valor de cuatro mil 343 Unidades de Medida y Actualización (Umas), que actualmente sería de 381 mil 841 pesos.
La flota aérea del Estado y municipios se deberá usar principalmente para temas de seguridad pública, protección civil y traslado de enfermos, con lo cual quiere impedir que se les siga utilizando para viajes de placer.
También quedará prohibida la compra de boletos de avión en primera clase.
La ley hará obligatorio la reducción del gasto corriente en el pago de salarios y prestaciones; eliminará los seguros de gastos médicos y de vida; e impedirá establecimiento de regímenes especiales de jubilación.
Prohibirá la contratación innecesaria de personal en las dependencias públicas; limitará el uso de escoltas a solamente aquellos servidores públicos que lo justifiquen, sobre todo los relacionados con el área de seguridad pública, y establecerá limites al uso de propaganda oficial.
La ley también establece límites en gastos de telefonía, fotocopiado, combustible, viáticos, honorarios, alimentación, remodelación de oficinas, arrendamientos y equipos de radiocomunicación.
Habrá de crearse un Comité de Evaluación que se encargara de promover y evaluar políticas de austeridad. Estará integrado por representantes de las dependencias públicas y de la sociedad civil.
Los servidores públicos que incumplan la ley recibirán sanciones administrativas y penales, previstas en las leyes aplicables.
