Alfredo Guevara.-
Cd. Victoria, Tam.-
El Tribunal Electoral del Estado, a través de su área administrativa, tendrá que realizar las actuaciones necesarias para garantizar el derecho al ejercicio en el cargo de los magistrados Edgar Iván Arroyo Villarreal y René Osiris Sánchez Rivas.
Es decir, convocar a los dos magistrados a las sesiones públicas y reuniones internas de trabajo, que se les turnen expedientes para que formulen resoluciones y se les pague las prestaciones correspondientes a su nombramiento, confirmó Rodrigo Sánchez García.
El Secretario General de Acuerdos, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), consideró que los hechos controvertidos y omisiones que se atribuyen las autoridades responsables, es decir la presidenta el Tribunal local y área administrativa, están acreditadas y carecen de justificación.
Lo anterior, luego de que durante la sesión pública que realizó el Tribunal Electoral del PJF, donde se aprobó por unanimidad el juicio para la defensa de los derechos político electorales que presentara cada uno de los dos magistrados, afectados en sus derechos para ejercer el cargo.
Los dos magistrados reclamaban de la presidenta Blanca Eladia Hernández y el área administrativa del Tribunal Electoral del Estado la obstrucción de sus derechos a ejercer en el cargo y falta de prestaciones económicas a los que tienen derecho.
Los hechos controvertidos y omisiones que se atribuyen a las autoridades responsables se acreditaron al carecer de justificación, toda vez que los nombramientos que el Senado de la República les otorgó a los dos magistrados no ha sido revocado.
Y aun con la reforma Constitucional a nivel local para modificar el número de integrantes del Tribunal Electoral de Tamaulipas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el Congreso de esta entidad carece de facultades para determinar la duración del periodo de los magistrados.
Por tanto, por unanimidad se aprobó ordenar a las autoridades responsables de Tamaulipas, que realicen las actuaciones necesarias para garantizar el derecho al ejercicio en el cargo de los magistrados Arroyo Villarreal y Sánchez Rivas.
