Rogelio Rodríguez Mendoza
Al autorizar a sus Oficinas Fiscales aplicar el cobro de las placas, el Gobierno del Estado actúa ilegal e indebidamente, e incurre en una falta de respeto al Poder Legislativo, advirtió el presidente de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, Isidro Vargas Fernández.
El legislador morenista recordó que existe un decreto emitido el pasado siete de diciembre por el Pleno del Congreso del Estado, con el cual derogó el inciso “B” de la fracción uno del artículo 73 de la ley de Hacienda para eliminar el cobro de placas, y aunque el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca vetó la acción legislativa, el procedimiento respectivo no ha sido desahogado.
Por lo tanto, insistió, el Gobierno estatal debe esperar a que el Congreso del Estado determine la procedencia o no de las observaciones con que el mandatario estatal vetó la reforma.
“El Gobierno debe esperar al desahogo del veto, lo cual ocurrirá a partir del 15 de enero, cuando inicia el nuevo periodo ordinario de sesiones, por lo tanto no debería estar aplicando el cobro de las placas”, indicó.
Consideró que bajo las actuales condiciones, las Oficinas Fiscales actúan ilegalmente al aplicar un cobro que técnicamente no está respaldado en la Ley de Hacienda, porque el decreto respectivo estará vigente hasta que el dictamen sobre el veto del Gobernador sea llevado ante el Pleno legislativo y votado.
Por esa razón, Vargas Fernández hizo un exhorto al Gobierno estatal de que respete al Poder Legislativo, y a los ciudadanos les pidió que no paguen el reemplacamiento vehicular, porque no hay fundamento legal para hacerlo.
Desde el pasado lunes, decenas de automovilistas han estado acudiendo a las Oficinas Fiscales para el pago de derechos vehiculares, entre los que aparece el cobro de nuevas placas.
Al rechazar la reforma que elimina el cobro de placas, el gobernador Cabeza de Vaca argumentó que los diputados no acompañaron la iniciativa con un análisis de impacto presupuestal, violentando con ello una disposición legal que les impone esa obligación. Además, pretextó que con la medida se afectará a la sociedad porque los ingresos obtenidos por el reemplacamiento se utilizan para programas de gobierno relacionados con la seguridad pública.
De acuerdo con la secretaria de Finanzas, María de Lourdes Arteaga Reyna, eliminar el canje de placas provocará que el Gobierno del Estado deje de percibir ingresos por 435 millones de pesos.
A ello deberán sumarse 160 millones que costaron las placas que ya fueron elaboradas por la empresa contratada.
Cabe señalar que son cinco los decretos legislativos vetados por el gobernador Cabeza de Vaca, y que también deberán ser desahogados a partir del 15 de enero.
Los otros cuatro decretos rechazados son: la Ley del Fondo de Capitalidad para Victoria; la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal que eleva del 20 al 22 por ciento el porcentaje de participaciones federales a que tienen derecho los municipios; la reforma a la Ley del Gasto Público para que el Ejecutivo no pueda hacer transferencias de presupuesto de un área a otra; y las modificaciones al presupuesto de egresos del Gobierno del Estado para el 2022.
