Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.-
El sistema de justicia penal llega reprobado al 2022, con rezagos y vicios que operan en contra de los grupos más vulnerables de la sociedad, alertó la organización no gubernamental “México Evalúa”.
Detalló que el uso faccioso del sistema contra grupos que son considerados adversarios, la falta de esclarecimiento del 94.8 por ciento de los casos que son conocidos por las autoridades, e incluso la ola de recortes presupuestales y despidos en las fiscalías locales y en la propia FGR, constituyen un foco de alerta.
“Ahí está mayormente la raíz de las amplias deudas sociales cuando se trata de justicia”, sentenció.
La ONG advirtió que con la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión automática y su práctica generalizada, se observó un incremento notable, de un 28 por ciento, en el número de personas que se encuentran presas mientras se desarrolla su proceso penal.
“Esta realidad afecta a cuatro de cada diez hombres y a una de cada dos mujeres. Tal uso excesivo del recurso se agrava con el hecho de que las personas pueden pasar periodos prolongados en prisión, más allá de los dos años –plazo máximo marcado por ley–, lo que produce un impacto severo en los individuos, sus familias y las comunidades”, precisó.
Lo más grave, dijo, es que el uso excesivo de la prisión preventiva no es efectivo para proveer seguridad y justicia a la población.
“Al contrario, se emplea la prisión automática principalmente contra personas de bajos recursos, acusadas por delitos menores y sin análisis real sobre las consecuencias económicas, sociales y familiares de tal decisión. Esto se convierte en la salida fácil para muchos ministerios públicos y fiscalías, bajo la tradicional y anticuada lógica de que el uso de la prisión es un indicador de efectividad en la procuración de justicia”, refirió.
Para colmo, añadió, el sistema de justicia penal se ha utilizado para perseguir a grupos de científicos, comunidades académicas, organizaciones de la sociedad civil, y cualquier otro que se empeñe en cuestionar las decisiones públicas.
“En esos casos sí que se aceita, y se fuerza, la maquinaria diseñada para brindar justicia, operada bajo el arbitrio de decisiones relacionadas con la disputa política del gobierno en turno. Hay que decirlo con todas sus letras: la persecución, la saña y la arbitrariedad no tienen absolutamente nada que ver con la justicia. Ni siquiera como parodia. No propician condiciones de certidumbre y de legalidad ni construyen instituciones sólidas y despolitizadas. Lo que se observa es la administración del poder mediante la fuerza y la amenaza”, indicó.
“México Evalúa” demandó que, ante este escenario, se construyan fiscalías autónomas, blindadas del poder y capaces de integrar investigaciones sólidas.
“De otra forma, estas sólo responderán a quien ostenta el poder político o económico. Y, más importante, sin fiscalías técnicas será imposible revertir los altos porcentajes de impunidad, especialmente en los delitos que más nos afectan como sociedad”, mencionó.
“En 2022 necesitaremos algo más que la ficción que nos ofrecen actualmente. Debemos construir una política nacional que logre con efectividad la transformación de las fiscalías, capaz de hacer contrapeso a su uso faccioso, brindar certidumbre a la sociedad y hacer efectiva la tan anhelada justicia, que hoy sólo es aspiración”, concluyó.
