Después que el matrimonio de Mariana Rodríguez y Samuel García Sepúlveda se llevó a un menor a su casa un fin de semana y que lo dieran a conocer en sus redes sociales, el DIF federal dio a conocer que pidió mediante oficio el 15 de enero a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes mayor información sobre el hecho para determinar las medidas que resulten procedentes.
A través de un comunicado las autoridades federales detallan que se exhorta a las autoridades y a la población a medios de comunicación, a respetar los derechos de niñas, niñas y adolescentes.
Señalan que la pareja formada por el Gobernador de Nuevo León y la titular de ‘Amar a Nuevo León’, mostraron un video del rostro del niño de cinco meses de edad en las redes sociales, revelando su nombre y los problemas de salud que enfrenta, por lo que existe una clara vulneración de sus derechos.
“La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del SNDIF reprueba todo tipo de procesos adoptivos o de acogimiento familiar que atenten contra el principio convencional y constitucional del Interés Superior de la Niñez. El DIF Nacional reitera su compromiso de aplicar las medidas necesarias para erradicar prácticas irregulares e ilícitas que vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes
Derivado de lo anterior, se requirió a la Procuraduría Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León para que, en el ámbito de su competencia, emprenda las acciones administrativas y jurisdiccionales necesarias para proteger los derechos vulnerados del niño.
La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), enfatizó que la adopción, como cualquier medio alternativo de cuidado familiar, debe realizarse en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, asegurando la integridad de las niñas, niños, o adolescentes involucrados.
Aseguró que la legislación vigente en México establece que la adopción es un medio alternativo de cuidado familiar definitivo, por lo que no existen adopciones temporales.
Señalaron que la adopción no es un derecho de las personas adultas, sino que constituye un mecanismo jurídico que permite la restitución del derecho a vivir en familia de niñas, niños y adolescentes, quienes son la prioridad en todo momento y las autoridades, sin excepción, están obligadas a actuar con base en su interés superior.
Con información de: posta.com
