marzo 28, 2024
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enero 21, 2022 | 123 vistas

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

Las comisiones unidas de Estudios Legislativos y de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Publica, rechazaron el veto del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, a la Ley de Austeridad y la Ley de Remuneraciones de las Servidoras y Servidores Públicos que fueron impulsadas por Morena.
En sesión de trabajo realizada esta tarde, los órganos legislativos dejaron listos los dictámenes que deberán ser llevados ante el Pleno Legislativo en la sesión programada para el próximo martes.
Sin embargo, para que quede firme el rechazo al veto del mandatario estatal se requerirá del voto de las dos terceras partes de los integrantes del Pleno, lo cual es imposible para Morena y su aliado Movimiento Ciudadano, porque solo tienen 19 votos.
Ante ese escenario, es casi un hecho que procederá el veto de Cabeza de Vaca, lo que significará que ambas leyes quedará
Ambas leyes fueron expedidas el pasado 15 de diciembre por el Pleno legislativo, a propuesta de Morena, quien expuso que son ordenamientos necesarios para ponerle fin a los excesos en el gasto público por parte de los funcionarios que laboran en el gobierno estatal y los municipios.
Por ejemplo, la ley de Austeridad limita la compra de vehículos de lujo o blindados, estableciendo que los que compre el gobierno no deberán costar más de 381 mil 841 pesos.
Además, prohíbe el uso de la flota área del estado  y municipios para viajes que no estén relacionados con tareas de seguridad pública, protección civil y traslado de enfermos. Con ello se quiere impedir que los aviones del gobierno se sigan usando para viajes de placer.
Otra disposición normativa prohíbe la compra de boletos de avión en primera clase, y elimina los seguros de gastos médicos y de vida. También limita el uso de escoltas, y pone tope en viáticos, arrendamiento de inmuebles y otros rubros.
A su vez, la Ley de Remuneraciones para los Servidores Públicos del Estado y los municipios, que también fue vetada por el gobernador, impone límites en las percepciones salariales de quienes trabajan en los gobiernos estatal y municipales.
Establece que, el gobernador ni ningún otro funcionario podrá ganar más que el presidente de la República.

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