Por Rogelio Rodríguez Mendoza
La sesión ordinaria del Congreso del Estado lleva dos horas y 15 minutos de retraso, porque las bancadas de Morena y el PAN no se ponen de acuerdo con el trámite que debe darse a un requerimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el tema del desafuero del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.
La asamblea plenaria estaba programada para iniciar a las 12 horas, pero hasta este momento los trabajos no han comenzado. La presidenta de la mesa directiva, la panista Imelda Sanmiguel Sánchez, ha estado en llamada telefónica desde hace más de una hora. Se presume que su interlocutor está en Palacio de Gobierno.
Ante los hechos, algunos diputados de Morena, encabezados por Armando Zertuche Zuani, también coordinador de la Junta de Coordinación Política, dieron una conferencia de prensa para explicar que Sanmiguel se niega a iniciar la sesión porque no quiere entregar las copias de una notificación de la SCJN, quien solicita al Congreso del Estado ratifique la controversia constitucional presentada en la legislatura pasada en relación al desafuero del mandatario estatal.
El secretario de la mesa directiva, Marco Antonio Gallegos, explicó que el problema que se esta presentando se debe a que, en la junta previa de la mesa directiva se detectaron dos comunicaciones de la SCJN, donde pide al Congreso ratificar su voluntad de no desistirse de dos controversias constitucionales que tienen que ver con el desafuero del gobernador.
“La presidenta de la mesa directiva nos comentó en la junta previa que ella no había hecho ningún pronunciamiento al respecto, que no había mandado ningún oficio, y que en el Pleno lo iba a comentar, pero a unos segundos de comenzar la sesión nos comentó que recordó que si lo había hecho mediante un Notario Público. Entonces, este procedimiento es totalmente irregular. Estamos viendo que otra vez se pretende proteger al gobernador” indicó.
En consecuencia, dijo, la bancada de Morena está pidiendo a Sanmiguel que muestre esos documentos con los que se comunicó con la SCJN.
Advirtió que, todo lo que la presidenta de la mesa directiva decida hacer tendrá que ser aprobado por la mayoría.