Shalma Castillo.-
Cd. Victoria, Tam.-
Ante la petición de declaración de procedencia contra la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica solicitada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) al Congreso de Tamaulipas, el gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, dijo que espera un proceso apegado a la ley y no un show mediático.
En el proceso electoral 2021 inició la solicitud de desafuero de Cabeza de Vaca, dicho procedimiento continúa litigando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a un año, justo también el proceso electoral revivió el tema con instancias locales, pero ahora contra la diputada de Morena, Úrsula Salazar.
En este caso, el Gobernador de Tamaulipas dijo que es un procedimiento que le compete al Congreso local, y que éste deberá atender cualquier solicitud o denuncia que le sea presentada y, en su caso, serán los diputados quienes decidirán la situación del tema que enfrenta la diputada local, a quien se le acusa de actos relacionados al delito e cohecho.
“Ojalá y se lleve un proceso adecuado, si es el caso, no como me lo hicieron a mí, que fue un show mediático que llevaban cajas con supuestos documentos de pruebas en mi contra y al final del día salieron con tres páginas de denuncia, no había ningún solo elemento y además presentaron documentos apócrifos”.
Sobre la acusación en su contra por supuesto hostigamiento a políticos del partido Morena, dijo que las investigaciones que realiza la autoridad competente son basadas en pruebas, algunas de ellas ya son del dominio público, “ahora resulta que según ellos los acosamos, a poco los pusimos a que estuvieran pidiendo moches, que asuman su responsabilidad y que no salgan con que es tema político”.
La carpeta de investigación de la FEEC detalla que se busca esclarecer la supuesta “alteración” de facturas cuando en su calidad de servidor público fungía como Jefa de Recursos Humanos y Finanzas del Conalep Tampico.
Supuestamente la diputada de Morena realizó dos llamadas telefónicas los días 13 y 16 de noviembre del 2018, a un proveedor relacionado con un evento que se realizaría en el Conalep de Tampico, con la finalidad de que se pagara una factura y la petición de la imputada es que la factura le fuera incrementado un valor extra.
