La Primera Sala de la Corte estableció que no se vulnera el derecho a la vida privada cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT), requiere información relacionada con el secreto bancario, sin autorización judicial.
Esta solicitud no constituye una técnica de investigación relacionada con un proceso penal.
El tema llegó a la corte cuando una persona solicitó la protección de la ley, ya que su información bancaria fue entregada a las autoridades hacendaria, las que después interpusieron una denuncia en su contra, por posible defraudación fiscal.
El Alto Tribunal precisó que la petición se trata de una actuación administrativa para fines de comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Con información de: noticieros.televisa.com
