Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.-
Para evitar abusos por parte de quienes tienen poder económico y político, el Partido Acción Nacional (PAN) propuso facultar al Instituto de Defensoría Pública, para que asuma la defensa de la parte involucrada en un proceso familiar, civil o mercantil, que se encuentre en una condición manifiesta de desventaja sustancial.
Para ese efecto, la legisladora Imelda Sanmiguel Sánchez presentó una iniciativa de decreto que hace un añadido a la fracción “C”, del artículo 7, del citado ordenamiento normativo.
De ser aprobada la iniciativa, esa parte de la ley establecerá que: “En estos supuestos, el interesado deberá acreditar encontrarse en estado de vulnerabilidad o asimetría, que suponga una condición manifiesta de desventaja sustancial entre quienes intervienen en un litigio”.
Dijo que el hecho cobra trascendencia porque, en esas materias actualmente el Instituto de Defensoría Pública solamente asume el patrocinio legal cuando el solicitante tenga el carácter de demandado y compruebe que carece de recursos económicos para costearse un abogado particular.
Por ello, con la reforma se propone establecer que el instituto asumirá la defensa de la parte actora, también cuando demuestre que su “asimetría suponga una condición manifiesta de desventaja sustancial entre quienes intervienen en un litigio”.
La diputada panista detalló que garantizar una defensa equitativa en los litigios es importante porque, particularmente en materia familiar, cuando los conflictos se vuelven irreconciliables, la disputa jurídica sobre la custodia de los hijos suele ser motivo de disputas en la pareja.
Además, en ocasiones da lugar a que se inmiscuyan indebidamente los abuelos, que confunden el amor hacia los nietos con el deber y responsabilidad de los padres.
“Confusión que desafortunadamente causa que en lugar de contribuir a una solución pacífica de las controversias del orden familiar, por el bien emocional de sus hijos y nietos, por el contrario, suelen involucrarse con chantajes y, en ocasiones muy penosas, pero de la vida cotidiana de muchas familias tamaulipecas, utilizan sus influencias y poder en las dinámicas del sistema judicial, haciendo uso de su rango y privilegio a efecto de ejercer la denominada violencia vicaria, en virtud de la cual, y con el ánimo de dañar y desgastar emocionalmente a la madre se les aparta de sus propios hijos; a manera de presión para aceptar acuerdos, ya sea de orden económico o sobre la custodia que suponen una aceptación por parte de la persona en situación de desventaja”, detalló.
“Resulta entonces necesario modificar y ampliar las atribuciones del Instituto para que la población objetivo beneficiaria de sus servicios, sean también aquellas personas que, como en el caso expuesto, se enfrentan en las controversias del orden familiar, con contrapartes poderosas”, mencionó.
