Por Rogelio Rodríguez Mendoza.-
El aumento de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa ha triplicado el número de personas privadas de libertad, sin condena, agravando el hacinamiento de las cárceles y afectando a gran número de familias, denunció la organización no gubernamental, “México Evalúa”.
Recordó que, desde 2019, cuando se amplió el catálogo de delitos que merecen esa medida cautelar, hasta el 2021, se incrementó en 27 por ciento el uso de esa figura.
“Esto significa que casi se ha triplicado el número de personas privadas de libertad sin condena” detalló.
Aunado a ello, mientras a nivel nacional cuatro de cada 10 personas en prisión están esperando que avancen sus procesos, existen entidades como Tlaxcala en donde ocho de cada 10 mujeres y siete de cada 10 hombres esperan sentencia.
“Pero más vale decirlo con claridad: con la ampliación del catálogo de delitos que imponen prisión automática se votó a favor de tener a más personas en prisión, un mayor hacinamiento en las cárceles, la criminalización de la pobreza y la proliferación de familias desintegradas, pagando injustamente las consecuencias del encarcelamiento” refirió.
Y añadió: “No se votó a favor de la reducción de delitos o de un menor número de víctimas, como la falsa narrativa suele argumentar”.
La ong dijo que, con ello se demuestra que la medida de prisión automática no tiene una naturaleza disuasiva del delito, y por el contrario tiene impactos más severos en las mujeres y las personas que no pueden cubrir una defensa privada.
Además, no es una medida que garantice una mayor efectividad por parte de las instituciones.
“Por el contrario, puede generar incentivos perversos para reducir los esfuerzos investigativos por parte de los ministerios públicos, nulificar el rol de las umecas y generar espacios de incertidumbre entre las personas juzgadoras” mencionó.
De esa forma, dijo, a tres años de la reforma de la prisión automática y a más de una década buscando transformar el sistema de justicia para privilegiar la garantía de los derechos, es indispensable una reflexión amplia con la que nos decidamos a revertir los tremendos impactos que tiene esta medida cautelar.
“El primer paso es abandonar de una vez por todas la falsa narrativa de que cancelar derechos de las personas acusadas provee mayor seguridad y justicia para las víctimas” indicó.
