Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.-
En la construcción de un clima favorable al ejercicio del periodismo, no basta con aumentar el presupuesto para el mecanismo de protección a los comunicadores, advirtió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Al presentar el diagnóstico sobre los alcances y retos del “Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, y la necesidad de una política de Estado para su protección, dijo que es urgente una política integral de Estado, que frene la violencia contra los periodistas.
“Esta comisión nacional considera que una parte de la solución es construir un clima favorable al debate y al ejercicio serio del periodismo, y otra es el papel del mecanismo como instrumento de protección, por lo que no basta con reforzarlo en términos presupuestales ni de funciones, si no se construye una política integral de Estado”, detalló.
“Es menester hacer algo más que no se ha hecho y que hoy es necesario poner en la mesa: la necesidad de una legislación que realmente responda a la realidad y al tamaño de la exigencia de protección para el ejercicio del periodismo y el derecho a defender derechos”, indicó.
Lo anterior es posible, dijo, mediante la construcción de una auténtica alianza entre poderes y los tres niveles de gobierno, que pase de solo ofrecer medidas reactivas o preventivas que no aterrizan en lo que verdaderamente debería buscarse: prevenir los crímenes y evitar la normalización de las vidas amenazadas, a revisar todo el contexto de riesgo, sancionando los delitos cometidos contra ellos y evitando la impunidad, es decir, generando esquemas de soluciones duraderas.
La CNDH consideró que es bueno ofrecerles a los periodistas y defensoras amenazados medidas de protección, guardias de protección, un botón de pánico, etcétera, pero lo fundamental es revertir el contexto violento y amenazante que obliga a su protección, y eliminar las causas de las ayudas extraordinarias, meramente coyunturales para reconstruir la paz, haciendo justicia y eliminando la impunidad.
“Por todo lo anterior, resulta necesario abordar la problemática considerando el papel que juegan el crimen organizado, los intereses locales creados, la regionalización de cada problema, buscando crear otra clase de medios y de instrumentos que posibiliten cumplir cabalmente con el deber del Estado para garantizar la vida, seguridad física e integridad personal y psicoemocional de las personas que sufren ataques en el ejercicio de su libertad de expresión”, añadió.
Descalificó las acusaciones de organizaciones internacionales acerca de “limitaciones a la libertad de expresión en México”, porque no se han desarrollado criterios para medirlas, ni mapas de agresiones que permitan identificar sus causas y tampoco esquemas de recomendaciones que ayuden, no solo a explicar la violencia en perjuicio de personas que ejercen la libertad de expresión, sino a entenderla y, por ende, a prevenirla.
“Simplemente se suman números de manera sesgada, incluso a veces para aparentar escenarios muy convenientes a la narrativa de ciertas facciones o grupos políticos”, aseguró.
