Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Bajo el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que se estrenó en 2016, una de cada cuatro detenciones son calificadas como ilegales y el 94.8 por ciento de los delitos denunciados quedan impunes, reveló la organización no gubernamental, “México Evalúa”.
“Este resultado es propio de un sistema que no cuenta con herramientas de priorización y ni capacidades suficientes: a nivel nacional, existen once fiscales, nueve peritos y 14 policías ministeriales por cada cien mil habitantes, en promedio”, mencionó.
Es evidente la insuficiencia de recursos humanos para hacerle frente a una cada vez más creciente delincuencia.
Además de ello, el uso de la prisión preventiva oficiosa ha crecido en un 21 por ciento y los procedimientos abreviados en un 16 por ciento, lo cual vulnera el derecho a la verdad y a la reparación del daño para las víctimas.
La ONG dijo que son varios factores los que han contribuido a generar esas deficiencias del modelo de justicia penal, que se estrenó con grandes expectativas. Uno de esos factores es la desigualdad procesal.
“La desigualdad procesal permite la fabricación de culpables y niega la verdad para las víctimas. La Fiscalía no debe tener la última palabra en el sistema penal”, señaló.
México Evalúa sostiene que las Defensorías Públicas y las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas (CEAV) no cuentan con condiciones para hacer contrapeso a las fiscalías. Ambas instancias reciben pocos recursos y carecen de apoyo para desarrollar su propia investigación y para contar con análisis periciales propios.
Por ejemplo, una defensoría pública recibe en promedio ocho centavos por cada peso que recibe la fiscalía, mientras que un Centro de Atención a Víctimas recibe 32 centavos por cada peso que recibe la defensoría.
“La asimetría y desigualdad entre instituciones es clara”, indicó.
