Por Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tamaulipas.-En Tamaulipas existen familias que llevan hasta 10 años habitando casas ajenas que estaban abandonadas, por lo que es necesario que el Infonavit les dé facilidades para que las adquieran legalmente, informó la diputada sin partido, Consuelo Nayeli Lara Monroy.
En una iniciativa de punto de acuerdo, explicó que la problemática la detectó en su distrito electoral, en los municipios de Aldama y Altamira, pero ocurre en la mayor parte del estado.
Ante ello, propuso un exhorto a Carlos Martínez Velázquez, Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (lnfonavit), “para que, por su conducto, ordene un levantamiento e identificación de las casas que se encuentran abandonadas, así como la realización de un diagnóstico de la situación de dichos casos y la posibilidad de reasignar dichas viviendas a cualquier interesado, privilegiando a las familias que ya habitan dentro de ellas”.
Detalló que existen familias que tienen más de 10 años viviendo en casas que estaban abandonadas, por lo que han solicitado su intervención para adquirir legalmente los inmuebles, en busca de dar seguridad jurídica a la posesión y con ello, brindar tranquilidad y bienestar a su familia.
De acuerdo con fuentes oficiales, en el país existen alrededor de 6.1 millones de casas abandonadas, de las cuales cerca de 650 mil son del Infonavit.
El 33 por ciento de esas 650 mil viviendas se localizan en los estados de Chihuahua, Baja California, Jalisco, estado de México, Tamaulipas, Coahuila, Guanajuato y Nuevo León.
“Un gran porcentaje de ellas se encuentran abandonas e inclusive invadidas, ya desde hace tiempo por familias que en un principio no tenían la manera de adquirir de buena fe dichas vivienda y se vieron en la necesidad de habitarla” refirió.
Cabe señalar que la problemática de las casas abandonadas es muy viejo, y sigue sin solucionarse a pesar de los esfuerzos constantes de las autoridades, particularmente del Infonavit.
Hace siete años existió un proyecto para que el gobierno de Tamaulipas comprara las viviendas, y las vendiera a burócratas interesados, pero nunca se concretó el acuerdo.
