diciembre 12, 2024
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julio 5, 2022 | 241 vistas

Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tam.-
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet), está convertida en la autoridad con más señalamientos de inconformidad por presuntas violaciones a ¡los derechos humanos!

Así lo señala la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en un documento denominado, “Informe situacional de los derechos humanos 2021: una radiografía estatal”.

El organismo nacional reveló que, desde el 2010 a marzo del 2021, inició 124 expedientes de inconformidad, dirigidos a autoridades del estado de Tamaulipas. De ellos, solamente tres están en trámite.

El año con más expedientes de inconformidad fue el 2019 con 17 expedientes concluidos y uno todavía en trámite.

“La principal autoridad con señalamientos en los expedientes de inconformidad fue la Comisión de Derechos Humanos del estado de Tamaulipas, con 88 menciones en los expedientes concluidos y dos menciones en los expedientes en trámite” detalló.

En segundo lugar, figura la Fiscalía General del estado de Tamaulipas con 11 menciones en los expedientes concluidos.

La CNDH emitió en ese periodo 20 recomendaciones ordinarias dirigidas a las autoridades de Tamaulipas.

“Todas han sido aceptadas, sin embargo, 16 tienen pruebas de parcial cumplimiento y solamente cuatro han presentado pruebas de cumplimiento total. El gobierno del estado de Tamaulipas recibió la mayor cantidad de recomendaciones durante este periodo, con un total de 15, de las cuales cuatro ya fueron cumplidas” indicó.

La investigación señala también que, Tamaulipas tiene un avance del 90.91% de armonización en las disposiciones jurídicas con respecto a la Reforma Constitucional de 2011, pero en materia de desaparición forzada y tortura presenta un rezago del 48% en cuanto a la armonización de sus disposiciones jurídicas que garantizan el derecho a la protección contra la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares.

Además, los marcos normativos del estado cuentan con un 37.14% de avance en su adecuación para respetar, garantizar y promover el derecho de las personas a la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

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