Por Rogelio Rodríguez Mendoza.-
La bancada del PAN en el Congreso del Estado salió en defensa de la Fiscalía General de Justicia, al asegurar que, “ha sido pieza clave” para que Tamaulipas dejara de ser uno de los cinco estados más inseguros del país.
A través de un boletín de prensa, los diputados panistas señalaron lo anterior y le hicieron un reclamo y un recordatorio al gobernador electo, Américo Villarreal Anaya.
“No se puede dejar de señalar que, usted mismo, en diversos foros y entrevistas, mencionó que las cámaras de seguridad no eran de utilidad y que se valoraría cancelar el Centro de Inteligencia denominado C5” señalaron.
El grupo parlamentario del PAN, reaccionó así ante la denuncia pública que Villarreal Anaya hizo el pasado lunes, en conferencia de prensa, al señalar que, por órdenes directas del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, se estaban aprobando reformas al vapor para obstaculizar al próximo gobierno que él encabezara.
“Con reformas al vapor y por órdenes directas de Cabeza de Vaca, pretenden traspasar funciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública a la fiscalía general del Estado. Esta acción es incongruente e ilegal, pues no es posible que un órgano autónomo como la fiscalía que tiene como su principal función la procuración de justicia, lleve a cabo también labores de prevención del delito” acusó.
Y añadió: “Si tanto presume el gobierno actual, de que se tienen buenas cifras en seguridad, más incongruente aún es cambiar el esquema de seguridad en perjuicio de la población de Tamaulipas”.
Villarreal se refería al decreto legislativo impulsado por el PAN, para cederle a la Fiscalía General de Justicia del Estado, el mando sobre el secretariado ejecutivo del sistema estatal de seguridad pública, que incluye los sistemas de videovigilancia C-4 y C-5.
En su comunicado, la bancada panista asegura que su compromiso con la seguridad, bienestar y prosperidad de los tamaulipecos, “es con independencia del partido o ideología de quien sea titular del Poder Ejecutivo del Estado en el próximo sexenio”.
Negó ilegalidad en las reformas, y precisó que el propósito es: “evitar que una alteración a la política de seguridad provoque retroceder los logros que en esta materia ha generado el Estado”.
Además, dijo, busca evitar “que algunos malos embajadores del Estado que siguen en la dinámica electoral, sigan demeritando los claros y evidentes avances en esta
materia”.
