abril 19, 2024
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agosto 11, 2022 | 268 vistas

Shalma Castillo.-

Cd. Victoria, Tam.-
La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJ) registra en los últimos cuatro años 788 carpetas de investigaciones y averiguaciones previas por el delito de tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes, Ciudad Victoria encabeza la lista.

De acuerdo a los archivos de la FGJ, en el período de enero de 2018 a diciembre del 2021 iniciaron 483 carpetas de investigación por el delito de tortura que se presentaron en 33 municipios del estado, los que registraron el mayor número de carpetas son: Ciudad Victoria con 188, Reynosa con 71, Matamoros con 41, Tampico con 36, el Mante y Altamira con 22.

Por este mismo delito en la fecha ya mencionada enlista 305 averiguaciones previas, es decir, el procedimiento anterior al proceso penal, que se lleva a cabo por un órgano del Poder Ejecutivo, ya sea federal o local e inicia a partir de que el agente del Ministerio Público tiene conocimiento, mediante una denuncia. Los municipios que destacan en este sentido son: Ciudad Victoria con 67, Reynosa con 63, Matamoros con 48 y Tampico con 39.

En el 2018 se suprimió del Código Penal el delito de tortura para crear la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Tortura, sin embargo, este delito se mantiene y continúa cometiéndose y en Tamaulipas.

Dicha Unidad adoptaría y publicaría los protocolos y criterios que refiere la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, también pondría en marcha el Registro Estatal correspondiente y los programas de capacitación continua de las y los servidores públicos para prevenir este delito, el cual siguen denunciando.

En ese momento, el presidente del Congreso, Glafiro  Salinas Mendiola, dijo que del Código Penal para el Estado se elimina lo relacionado con los delitos de tortura y desaparición forzada de personas, para que se atienda lo dispuesto en las leyes generales en la materia, y se brinda certeza jurídica, así como protección a las víctimas y ofendidos que se ven envueltos en este tipo de situaciones, facilitándoles el acceso a la justicia.

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