Shalma Castillo.-
Cd. Victoria, Tam.-
Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
A través de siete empresas que presentan focos de alerta en sus operaciones, la Secretaría de Salud de Tamaulipas (SST) drenó más de la mitad del presupuesto extraordinario que se autorizó para combatir la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) en el primer año y medio de pandemia.
De los 490.8 millones de pesos que destinó el Gobierno de Tamaulipas para el tema de sanidad, recurso que se tenía que ejercer en 2020 y 2021, el 70 por ciento, es decir 351.6 millones, fueron adjudicados, principalmente, a esta serie de compañías, de las cuales, en algunos casos, no se localizaron en los domicilios que tienen registrados, su objeto social no corresponde con el servicio que están brindando, e incluso se dieron casos en donde comparten entre sí correos electrónicos, direcciones fiscales, socios y representantes legales.
Esta información fue obtenida mediante la revisión de los únicos 99 contratos que la Secretaría de Salud hizo públicos mediante el sitio web que crearon, específicamente, para transparentar sus gastos durante la emergencia sanitaria. El portal fue consultado por primera vez a mediados de 2021 y, hasta la fecha de publicación, no se ha cargado un solo contrato más. Se solicitaron vía transparencia las facturas correspondientes y cualquier otro contrato que se haya firmado en los meses restantes, pero la respuesta de las autoridades fue siempre hacer mención al sitio web, el cual no ha sufrido ninguna actualización en más de un año.
En el más reciente informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) sobre el análisis de documentación pública en la Plataforma Nacional de Transparencia, arroja que seis de cada diez adjudicaciones directas realizadas por gobiernos e instituciones de Tamaulipas no cuentan con un acceso al contrato. Además, ocupa el lugar 30 de los 32 estados en la lista de sujetos que registraron en el 2021 compras en la Plataforma.
La serie de irregularidades que presentan las compañías que obtuvieron estos contratos millonarios durante la pandemia son muy similares a las que expuso en 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del estado (UIFE) al develar los vínculos empresariales del caso denominado “Los Seis”, el cual exhibía a 52 empresas que le facturaron a la Administración estatal de Tamaulipas casi diez mil millones de pesos y que compartían socios, comisarios, representantes legales y administradores únicos, de acuerdo con el comunicado oficial publicado por la UIFE.
EMPRESAS CON MUCHA ‘FACHADA’
El artículo 10 del Código Fiscal de la Federación es muy claro al momento de establecer que las personas morales deben asignar como domicilio fiscal el lugar donde se encuentre la administración principal del negocio, ya que éste debe ser localizable para que las autoridades fiscales puedan practicar diligencias, pero en Tamaulipas este parece que no fue un requisito para algunas de las empresas que sacaron la mayor tajada de los recursos aprobados por el coronavirus.
En la calle Mariano Matamoros No. 414, entre 20 de Noviembre y Fermín Legorreta, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, se encuentra una casa habitación color café, la pintura de su marquesina está desprendida, las manchas de humedad en las paredes son visibles a primera vista y la fachada principal está llena de telarañas. Así lucía el domicilio fiscal que tenía registrado la empresa SPCES, S.A. de C.V. al mismo tiempo que recibía un contrato de más de tres millones de pesos por parte de la Secretaría de Salud del estado por la compra de 17 mil litros de gel antibacterial y cuatro mil litros de alcohol. Un par de meses después de visitar esta dirección, la empresa modificó sus datos en el padrón de proveedores a: Calle Sol 2052, Fraccionamiento Comercial 2000, entre calle Lluvia y Brisa, en donde un letrero sobrepuesto con la palabra “SPCES” demuestra que esta bodega “improvisada” es su nuevo centro de operaciones.
A pesar de que SPCES, S.A. de C.V. logró que el Gobierno estatal le pagara más de cinco millones de pesos en tan solo dos años (2020 y 2021), el lote en el que está su dirección parece vacío. El encargado de vigilar el lugar, quien pidió omitir su nombre por seguridad, confirmó que no hay mercancía dentro del inmueble. “Todos los botes están vacíos desde que llegué, no hay movimiento de que metan mercancías o algo similar. Han venido personas, pero solo suben a la oficina donde hay mesas”, aseguró.
Este no es un caso aislado. SEGARTEK, S. DE R.L. DE C.V., compañía inscrita en el Registro Público de Comercio desde 2013, de acuerdo con documentos oficiales, anotó como domicilio fiscal, tanto en el padrón de proveedores del Estado como en los contratos, la calle de Darwin 68 con número interior 502 en la colonia Anzures, Ciudad de México, sin embargo, durante una visita a esta dirección se pudo constatar que ahí no se encuentra ningún negocio con este nombre.
En el directorio que se ubica en la recepción de este edificio no hay ningún registro similar y el vigilante aseguró que no existe ninguna compañía que se dedique a la venta de insumos de sanidad, incluso el 502 está ocupado por otros inquilinos. “Es la primera vez que la escucho y en el 502 son puros abogados que ya tienen tiempo ahí, pero con eso de la pandemia han venido a preguntar por empresas que no están aquí […] ahorita ya tenemos dos que pusieron esta dirección, piso y todo y no es”, narró el guardia de seguridad.
SEGARTEK fue una de las tres empresas que ganó más recursos económicos durante el primer año de pandemia en Tamaulipas, tan sólo en 2020, cuando la emergencia sanitaria golpeó más fuerte a todo el país, esta compañía cerró cinco contratos con el gobierno por la cantidad de 39 millones de pesos; el más grande fue por la compra de 200 mil piezas de bata quirúrgica desechable, insumo que costó 30.9 millones de pesos, de acuerdo con el contrato SST/SAF/DJ/DC/V/0038/2020.
Tomando como base este costo, quiere decir que cada bata le costó 133.62 pesos al gobierno, sin embargo, en una búsqueda en diferentes portales se encontraron hasta paquetes de cinco batas con las mismas características en 199 pesos.
También vendieron camas clínicas, sillas de oficina giratorias y mascarillas KN95 en 207 pesos cada una, de acuerdo con los costos que se analizaron de los contratos, mientras que a la venta en el mercado de ese entonces no excedían los cien pesos y que, actualmente, se pueden encontrar hasta en 30 pesos.
A pesar del gran negocio que SEGARTEK hizo durante la pandemia, encontrar sus oficinas centrales fue imposible. En el domicilio ubicado en la capital del país negaron rotundamente que existiera una empresa con este nombre, y al intentar localizarlos vía telefónica, mediante el número registrado en el padrón de proveedores de la Secretaría de Administración de Tamaulipas, proporcionaron otro número del que solo se obtuvo un correo electrónico para enviar un listado de preguntas, pero cortaron la comunicación al momento de solicitar la dirección específica de sus oficinas.
