Shalma Castillo.-
Cd. Victoria, Tam.-
Algunas características de las sociedades develadas en el reportaje de investigación publicado en El Diario de Ciudad Victoria bajo el título “Covid en Tamaulipas; la ‘mina de oro’ que encontraron algunas empresas”, acreditan con criterios que la autoridad fiscalizadora analiza para poder identificar a empresas con conductas ilícitas que incumplen el marco legal y que podrían ser “fachada”, de acuerdo a lo expuesto por Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Dichas acciones las incluye a la lista de empresas que revisarán y en su caso investigarán en el proceso de transición del Gobierno estatal.
En entrevista con Nieto Castillo, quien ahora forma parte del equipo de transición de la próxima Administración estatal de Tamaulipas, que encabezará Américo Villarreal Anaya, dijo que la indicación del gobernador electo es trabajar en la revisión de presupuesto de todas las dependencias y entidades que ejercieron recurso público e incluyendo el tema de covid-19, que a raíz de este reportaje de investigación la atención y el análisis será con mayor detalle.
Estando al frente de la UIF en el período de pandemia, dijo que realizaron investigación en temas vinculados con covid-19, pero no del gasto público. Las actividades efectuadas en el país fueron enfocadas en asuntos vinculados al aumento de préstamos fuera del sector financiero, empeño de bienes, aumento de pornografía infantil, aumento de trata de personas y fraudes cibernéticos.
En Tamaulipas, en el desarrollo de la entrega recepción estaría enfocado al gasto del presupuesto destinado a la contingencia sanitaria.
DOCUMENTO DE PRUEBA
Los reportajes de investigación periodística relacionados a presunta corrupción, desvío de recursos públicos, entre otros que involucre personas físicas o morales, debe ser importante no solamente para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sino para el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal de la Federación, para poder identificar casos de lavado de dinero, defraudación fiscal, evasión fiscal, además de los temas vinculados con el enriquecimiento ilícito.
“Las empresas estarían como personas morales sujetos de activos de la Comisión de conductas ilícitas, la sanción para una persona moral tiene que ver con una multa o la disolución de la sociedad, pero esto no exime a las personas físicas que están detrás de las morales y que cometen conductas ilícitas, como en este caso sería lavado de dinero y defraudación fiscal”.
Para efecto de poder identificar empresas con conductas ilícitas, dijo que la autoridad fiscalizadora examina diversos puntos: primero es el pago de impuestos, segundo las contribuciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que sean acordes con el tipo de empresa, tercero el domicilio fiscal, “en ocasiones se encuentran empresas que tienen grandes ingresos y están ubicadas en colonias populares o en terrenos baldíos; por lo tanto, evidentemente es un indicador que existe una empresa fachada”.
LAS EMPRESAS
Tal es el caso de estas empresas, por ejemplo, SEGARTEK en la Secretaría de Salud obtuvo contratos covid que suman 60 millones de pesos, sin agregar los que celebró en otras dependencias por este mismo concepto, la empresa no se localizó en la dirección que registró en el padrón de proveedores y en los contratos, o SPCES que se ubica en una “bodega” aparentemente improvisada, Ortho-Health&Integral Supply Services de México no se localizó en el domicilio fiscal.
Además, aseguró que en ese tenor han identificado diversos casos de “empresas fachada” en Tamaulipas y el segundo paso será denunciarlas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por un tema de defraudación fiscal.
En otras entidades se han presentado casos de entidades públicas que mantienen contrataciones millonarias con personas morales, después de investigaciones por parte de las autoridades competentes confirmaron que los que están al frente de ello solamente son “prestanombres” y que el beneficiario final se trata de otra persona que no forma parte de la empresa ni aparece en documentos.
Explicó que generalmente la relación que existe entre un prestanombres y la persona que es identificada como el beneficiario final, son las transferencias financieras o generación de beneficios, mencionó que incluso las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) están orientadas en buscar a los beneficiarios finales de las estructuras jurídicas y las personas morales; por ejemplo, fideicomisos o sociedades anónimas. “Lo importante es ver quiénes son los dueños de las sociedades anónimas y a partir de ahí llegar al beneficiario, a quien utiliza los recursos o recibe los beneficios de una determinada empresa”.
Las dos recomendaciones del GAFILAT enfocadas al tema de beneficiario final son las número 24 y 25 que establecen diversos puntos, entre ellos: evaluar los riesgos de uso indebido de las personas jurídicas para el lavado de activos, y adoptar medidas para prevenir su uso indebido, asegurar que exista información adecuada, precisa y actualizada sobre el beneficiario final y el control de las personas jurídicas. En particular, los países deben asegurar que exista información adecuada, precisa y oportuna sobre los fideicomisos expresos.
