Por Rogelio Rodríguez Mendoza
Jurídicamente es legítimo que se elimine la prisión preventiva oficiosa, pero de facto la sociedad no está preparada culturalmente para que quienes son acusados de un delito enfrenten su proceso en libertad, advirtió Emilio Barrientos Martínez.
El vicepresidente del Colegio de Abogados de Ciudad Victoria, y exjuez de primera instancia, señaló que, derivado de ello la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá valorar cuidadosamente su decisión con respecto a desaparecer esa medida cautelar.
“Los Ministros tendrán que ser muy cuidadosos en su decisión por el impacto social que tendría desaparecer la prisión preventiva oficiosa. Si bien los mexicanos tenemos una sociedad con sentido punitivo, también es cierto que no está concientizada para incursionar en este tipo de libertades” indicó.
Alertó que, alguien acusado de secuestro o de otro delito de alto impacto, que es procesado en libertad, seguramente va a huir, y además seguirá delinquiendo porque en México no existe la cultura de la reivindicación social.
“Aunque efectivamente es una violación constitucional el someter a una persona a prisión preventiva, porque se violenta el principio de presunción de inocencia, el país no está preparado para desaparecer esa figura” mencionó.
Como consecuencia, dijo, será mucho mayor el daño social que se ocasione desapareciendo esa medida cautelar.
Los riesgos son mucho mayores, señaló, por el entorno de violencia delincuencial que vive la mayor parte del país.
El próximo cinco de septiembre, la SCJN deberá pronunciarse sobre desaparecer o mantener vigente la prisión preventiva oficiosa. La propuesta es inaplicar el artículo 19 constitucional donde se encuentra el catálogo de delitos para los que aplica en automático la medida cautelar de privación de la libertad.
