Shalma Castillo.-
Cd. Victoria, Tam.-
En los primeros ocho meses del 2022 los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) que fue asignado a Tamaulipas han sido ejecutados en su totalidad por el Gobierno del Estado.
Lo anterior deja sin recursos en la materia para los primeros tres meses a la administración entrante, que encabezará Américo Villarreal Anaya.
El presupuesto asignado a Tamaulipas en el FASP 2022 es de 237 millones 916 mil 183 pesos, el cual debe ser ejercido antes de concluir el primer trimestre del 2023, esto con base al Convenio de Coordinación en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública entre el Gobierno federal y estatal, sin embargo, para agosto el Gobierno estatal no solo comprometió la totalidad de los recursos, sino que realizó el pago de los servicios, bienes u obras contratadas.
De acuerdo a un reporte solicitado y entregado por la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas referente a la ejecución del presupuesto recibido por FASP en Tamaulipas en el presente sexenio, se identifica que durante los primeros cinco años el Estado retrasó el pago de los recursos dos ejercicios fiscales.
Un ejemplo de lo anterior es el FASP otorgado en el año 2021 por un monto de 229 millones de pesos, que fue terminado de pagar a sus proveedores hasta un ejercicio posterior, durante el primer año se ejercieron por obras y servicios 146 mdp, terminándose de cubrir en el 2022 donde pagaron el restante de 80 mdp, y fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación más de 2 mdp a solicitud de la Auditoría Superior de la Federación, así como un millón de pesos por concepto de rendimientos financieros.
Conforme al mismo reporte de Finanzas, el ejercicio 2016, que abarca nueve meses del sexenio priista anterior, dio oportunidad a la Administración entrante de García Cabeza de Vaca de maniobrar el presupuesto y aplicarlo en materia de seguridad, siendo incluso el recurso de este período el que se terminó de pagar al cabo de tres ejercicios, es decir, hasta el 2018. Esto debido a que el convenio de ese año y anteriores no determinaba fecha para liquidar el saldo devengado y comprometido.
A partir del 2017 el convenio fue actualizado y en la cláusula V se indica: “…reintegrar a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de enero de 2023, los recursos del “FASP” con los rendimientos financieros generados al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2022, no hayan sido devengados por sus entes públicos o no estén comprometidos […] así como cubrir los pagos respectivos a más tardar el primer trimestre del ejercicio fiscal 2023 que al 31 de diciembre de 2022 se hayan comprometido o devengado y no hayan sido pagados”.
En este caso, la Administración de Cabeza de Vaca habría de rendir cuentas al equipo de transición de Villarreal Anaya que, de acuerdo al calendario de entrega de recursos “Calendario de fechas de pago 2022 Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”, las transferencias del FASP a los estados se realizan de manera distribuida durante diez meses del año por lo que el Gobierno del Estado de Tamaulipas habría tomado recursos presupuestarios de otro concepto para poder pagar la totalidad del FASP sin haber recibido efectivamente el recurso.
El mayor porcentaje del FASP el Gobierno lo invirtió en obra pública y adquisición de vehículos y equipo de transporte en materia de seguridad. Cabe destacar el incumplimiento de la cláusula tercera apartado XI, que ordena al Estado a publicar en la página de internet el avance en el ejercicio de estos recursos asignados, para trasparentar su gasto.
El FASP debe ser aplicado por los estados en el rubro de seguridad, específicamente: desarrollo de capacidades para prevención social de la violencia y la delincuencia; profesionalización y certificación policial; tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial; implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios; fortalecimiento al sistema penitenciario; desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos; fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto; especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas, entre otros.
