Shalma Castillo.-
Cd. Victoria, Tam.-
En el desarrollo de la entrega-recepción de la Administración estatal, el Gobierno entrante analizará el estado del presupuesto de aportaciones federales y a partir de octubre serán sometidos a un procedimiento de fiscalización, confirmó Jesús Lavín Verástegui, coordinador del equipo de transición del gobernador electo.
Ante la posibilidad de encontrar presupuestos ejercidos en su totalidad antes de octubre, impediría proyectarlo para los tres primeros meses del siguiente Gobierno, en este caso, dijo que todavía no contemplan una estrategia para enfrentar una situación de esa índole.
“En este momento no tenemos estrategia definida, porque todavía no tenemos las evidencias del gasto del presupuesto, pero con toda seguridad nos vamos a apegar a derecho, teniendo evidencia y respaldarlo con un proceso de fiscalización actuaremos en consecuencia”.
Lo anterior, en relación a la ejecución del recurso correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2022, que de acuerdo al reporte solicitado y entregado por la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, al mes de agosto este ya había sido ejercido por el Gobierno estatal.
Mencionó que después de los 30 días de la entrega-recepción tienen 60 días para solicitar cualquier aclaración a la Administración saliente, sin embargo, en caso de detectar algún posible daño al patrimonio estatal o uso indebido del gasto público, puede ser atendido y resuelto fuera de dicho plazo.
“No necesitamos ajustarnos a los 60 días para actuar de manera legal cuando se trata de afectación, desviaciones o circunstancias de carácter patrimonial. En octubre iniciamos con procesos de fiscalización para fin de poder identificar esas irregularidades, y si es un bien patrimonial, hay suficiente tiempo”.
Una vez identificando el posible acto irregular, los responsables de las secretarías, órganos descentralizados o cualquier dependencia que haya manejado recurso público estatal, serán llamados a rendir cuentas, y en consecuencia actuar conforme a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas.
