Shalma Castillo.-
Cd. Victoria, Tam.-
En más de cinco años 319 servidores públicos del Gobierno estatal recibieron algún tipo de sanción por incumplimiento, acto, omisión, daño o perjuicio llevado a cabo en el cargo desempeñado dentro de la administración pública.
La Contraloría Gubernamental aplicó 319 sanciones a servidores públicos de diversos niveles; desde choferes, subdirectores, jefes de departamento, directores, auxiliares, coordinadores de área, titulares de órganos, secretarios particulares, entre otros.
En el 2017 fueron sancionados 76 trabajadores, la mayoría de los expedientes se derivaron de acciones cometidas en el anterior sexenio; en el 2018 registran 123 sanciones; en 2019 son 51 sanciones; en 2020 son 21 sanciones; en el 2021 son 22 sanciones y en el 2022 son 26 sanciones.
El tipo de castigo aplicado a los servidores públicos en este período son: 81 inhabilitaciones, cada caso deriva la temporalidad; 49 suspensiones temporales y económicas, dependiendo la falta cometida, puede ir desde tres días hasta el tiempo que indique el órgano de control; 55 apercibimientos privados y 19 apercibimientos públicos, esto significa exhortar al trabajador a la enmienda y conminándolo con que se le impondrá una sanción mayor si reincidiere.
Así como nueve amonestaciones públicas y cien amonestaciones privadas, que a diferencia del apercibimiento, ya no es una simple llamada de atención, pues su objeto es prevenir la posible comisión de un ilícito; en la lista también aparecen tres sanciones sin especificar, solo “administrativas”, y dos destituciones del puesto.
Por mencionar algunas de las sanciones está la jefa de Departamento de la Dirección de Seguimiento y Evaluación del Secretariado de Seguridad Pública, por no presentar a tiempo informes mensuales del ejercicio fiscal 2018 del FASP.
A la encargada del área de Recursos Humanos del Conalep, por realizar pagos mayores por concepto de sueldos autorizados, trayendo consigo un quebranto al patrimonio del instinto educativo.
Al Director General de la Administración Portuaria Integral de Tamaulipas, por presentar concepto de IVA a favor de un monto de dos millones 888 mil pesos, lo cual puso de manifiesto una diferencia administrativa fiscal, y prescribió el derecho a exigir devolución por un importe de dos millones 105 mil pesos ante el SAT, además se detectaron tres operaciones por un monto de dos millones 26 mil pesos.
En muchos casos a funcionarios por no presentar declaración patrimonial, o trabajadores del sector educativo por alterar talones de pago para presentarlos en el área de prestaciones económicas del Upysset para obtener una mayor cantidad de préstamo.
