Shalma Castillo.-
Cd. Victoria, Tam.-
En los últimos tres años la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acumuló más de cinco millones de pesos en sanciones a instituciones públicas, ayuntamientos, personas físicas y morales de diversos municipios de Tamaulipas, por incumplimiento a leyes y reglamentos en materia de prevención y uso de residuos, impacto ambiental, vida silvestre, entre otros.
La Profepa registra que del 2019 al corte del primer trimestre del 2022 sancionó económicamente a 132 sujetos y en conjunto recaudó un total de cinco millones 187 mil pesos; otros 29 obtuvieron una amonestación y seis, amonestación con decomiso.
En la lista de incumplidos con las leyes y reglamentos destacan entidades públicas como el Gobierno de Tamaulipas: cuatro sanciones económicas por incumplir con el Reglamento en Materia de Evaluación en Impacto Ambiental, dos de estas en Soto la Marina con un monto de 147 mil y 199 mil pesos y dos en Aldama de 35 mil y 62 mil pesos.
De acuerdo a dicho reglamento, amerita sanción quien no cumplan con estudios para autorización de obras o actividades en materia de impacto ambiental, por ejemplo; desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros, hidráulicas, gasoductos, actividades del sector hidrocarburos, petroquímicos, cambios de uso de suelo en áreas forestales, entre otros.
El Gobierno estatal también recibió dos amonestaciones por incumplir con la Ley General de Vida Silvestre en el campamento tortuguero de Tepehuajes y el campamento de La Pesca. Algunas infracciones de esta ley son aplicadas a quien realice cualquier acto que cause la destrucción o daño de la vida silvestre o de su hábitat; emplear cercos u otros métodos para retener o atraer ejemplares de la vida silvestre; trasladar ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre sin la autorización.
Otro generador de sanciones es la Administración Portuaria Integral de Altamira (API), con seis multas que en total ascienden a 134 mil pesos, por incumplimiento a la Ley General de Desarrollo Forestal y Sustentable, la cual especifica que quien ocasione directa o indirectamente un daño a los recursos forestales, los ecosistemas y sus componentes, estará obligada a repararlo conforme a lo establecido dicha ley.
En relación a los que fueron acreedores a multa por infligir la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos son: Hospital Rural Solidaridad No. 80 IMSS, Soto la Marina con 17 mil pesos; Unidad de Medicina Familiar No. 16 IMSS, Altamira con 4 mil pesos; Hospital General Regional No. 6 IMSS, Madero con 17 mil pesos; Clínica Hospital ISSSTE, Victoria con 40 mil pesos; Clinica Hospital ISSSTE Manuel F. Rodríguez, Matamoros con 15 mil pesos.
Así como hospitales adscritos a la Secretaría de Salud; Hospital General de Tampico Dr. Carlos Canseco con 35 mil pesos; Hospital Infantil, Victoria con 4 mil pesos; Centro de Salud Urbano Las Lomas del Santuario, Victoria con 8 mil pesos y por incumplir con esta misma ley, también el Ayuntamiento de Reynosa con 8 mil pesos.
Cabe destacar que en estos tres años el sujeto que recibió la mayor sanción económica con dos millones 172 mil pesos, es Ferrocarril Mexicano, por infringir la Ley General de Vida Silvestre en el municipio de Altamira.
