Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.-
Ante la incapacidad de las autoridades, la extorsión y el cobro de piso hacia el sector empresarial se ha agravado durante los últimos años, convirtiéndose a la vez en uno de los delitos más peligrosos.
La organización no gubernamental “México Evalúa” denunció lo anterior y urgió a las instancias de procuración de justicia a encontrar mecanismos que garanticen mejores resultados en el combate a esa conducta delictiva.
La extorsión y el cobro de piso son definidos como la oferta de protección ante una amenaza de daño, en un escenario en el que la persona que ofrece tal servicio es también la fuente del peligro.
“En otras palabras, amenaza y protección tienen el mismo proveedor, lo que da pie a un intercambio que, en lugar de aliviar (o proteger), inquieta”, precisó.
Para referenciar lo preocupante del problema, “México Evalúa” recurrió a cifras del Inegi, que revelan el hecho de que apenas el 2.6 por ciento de los casos de extorsión son documentados con una carpeta de investigación.
Sin embargo, hay todavía algo peor que eso: en el 60 por ciento de los casos denunciados no ha pasado nada; en el 26 por ciento la investigación está en trámite; en el 0.3 por ciento la víctima recuperó sus bienes; y solo en el uno por ciento hubo reparación del daño.
La ONG advirtió que de nada sirve el llamado a denunciar que hacen las autoridades, porque las fiscalías no asumen su rol.
“Cuando las autoridades y la sociedad civil afirman que lo más importante ante la extorsión es promover la denuncia, apuntan sólo a un componente de la ecuación, la cual quedará irremediablemente incompleta a menos que el reporte detone una acción gubernamental rápida y confiable, seguida por una oferta de protección capaz de desactivar la criminal y, desde luego, susceptible de ser acompañada por una investigación judicial”, detalló.
De no ser así, sentenció, denunciar puede ser contraproducente, inútil o peligroso.
“Como hemos explicado, el cobro de piso es un delito que entraña una relación de largo plazo y una denuncia puede provocar que el extorsionador incremente el nivel de violencia para imponer su protección. Esto es: el criminal, el único proveedor real de protección, puede tomar represalias contra su ‘protegido’, pues osó denunciar”, advirtió.
Por esa razón, insistió, la denuncia sólo es parte de la solución si cumple con dos condiciones.
“Primero, tiene que detonar, inmediatamente, una oferta alternativa de protección que le permita a la víctima prescindir de la oferta ‘original’, la criminal. Es decir, si la policía tiene capacidad para brindar protección ante la extorsión y otras amenazas, la denuncia se convierte en la demanda de una “protección que alivia”.
“Y segundo, la denuncia tiene que desencadenar una investigación y eventualmente un proceso judicial que garantice la reparación del daño para la víctima y la neutralización de estos actores violentos”.
