Shalma Castillo.-
Cd. Victoria, Tam.-
Una de las dependencias del Gobierno estatal que más irregularidades ha presentado es la Secretaría de Salud.
Diversos documentos establecen una serie de inconsistencias que mantienen con la lupa bien puesta a las autoridades.
NÚMEROS MAQUILLADOS
Además de que mintió en el proceso de auditoría al informar un avance físico y financiero contrario al real de la construcción del Hospital General de Ciudad Madero, el Gobierno anterior también permitió la contaminación de murciélagos en la tubería, motivo por el que tuvieron que desmantelar la obra, presentó irregularidades en la compra de equipos que costaron casi 300 millones de pesos y fueron adquiridos con años de anticipación; ahora están en riesgo de que no funcionen.
La auditoría realizada en 2020, que concluyó el dictamen en enero 2022, detalla una serie de irregularidades que generaron promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria para funcionarios públicos del Gobierno saliente, entre las observaciones incluye; que los avances reflejaron en lo físico un 63.2% y en lo financiero el 37.2% con un monto pagado de 175 millones 774 mil 247 pesos, cuando el correcto era del 65.7% y del 62.9%, por recibir adicionalmente 121 millones 727 mil 919 pesos.
Con un avance del 49% de la obra en el 2018 la Secretaría de Salud de Tamaulipas solicitó recursos para el equipamiento de dicho hospital, lo que ocasionó que, a la fecha de la auditoría (septiembre de 2021), los equipos se encontraran ociosos y en resguardo de los proveedores.
Para la adquisición de equipo médico, cómputo y oficina para el Hospital de Madero, el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud autorizó 475 millones 124 mil pesos, con ello la Secretaría de Administración y de Salud de Tamaulipas, formalizaron once contratos para la adquisición de seis mil 318 bienes en los que encontraron diversas inconsistencias:
La Secretaría de Administración, a solicitud de Salud, llevó a cabo el procedimiento de Licitación Pública Internacional número LA-928003999-E31-2018; sin embargo, no solicitaron a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la participación de un Testigo Social, que debe ser obligatorio, considerando que el monto por adjudicar era de hasta 475 millones de pesos, entre otros.
LAS PRUEBAS
Las irregularidades incluyen que para la firma de los cinco contratos derivados de la Licitación Pública Internacional, no se proporcionó evidencia de que los proveedores estaban al corriente de sus obligaciones en materia de seguridad social y fiscal; se suscribieron dos contratos con el mismo número SST/SAF/DJ/DC/V/0386/2018 con el proveedor Instituto de Medicina Avanzada, S.A. de C.V., con diferentes importes de 27 millones 480 mil pesos y 27 millones 479 mil pesos, sin proporcionar evidencia de la cancelación de uno de ellos, a pesar de haber pagado ya 27 millones.
Los convenios de diferimiento números DGCYOP/DCFE/013/2019, DGCYOP/DCFE/009/2019, DGCYOP/DCFE/010/2019, DGCYOP/DCFE/011/2019 y DGCYOP/DCFE/012/2019 no señalaron el establecimiento en el cual se resguardarían los bienes. Los bienes están empaquetados y bajo el resguardo de los proveedores y, por tanto, no han sido instalados en el hospital, ya que la obra aún no se ha concluido, en incumplimiento a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
“Se realizaron visitas domiciliarias a los proveedores Integración Tecnológica Hospitalaria, S.A. de C.V.; Gamit, S.A. de C.V., e Impulsora Regional de Tamaulipas, S.A. de C.V., y se comprobó que los bienes se encuentran bajo su resguardo y se detectó que en tres tipos de bienes, con un costo total de ocho millones 106 mil de pesos, la descripción señalada en la factura del bien no coincide con la señalada en el pedimento de importación”.
Además, de los equipos adquiridos con el proveedor GAMIT, S.A. de C.V., se constató que la descripción y números de serie de cinco equipos médicos (mesa quirúrgica universal electrohidráulica) por tres millones 174.1 mil pesos, no coincidieron con la descripción y números de serie señalados en la factura, el número de serie de dos equipos médicos (unidad de anestesia básica) por dos millones 539.2 mil pesos y un equipo médico (mesa quirúrgica para obstetricia) por 634 milpesos, tampoco coincidieron con el número de serie señalado en la factura.
CAMBIOS DE DOMICILIO
En este caso, la Secretaría de Salud no contó con un control de los cambios de domicilio de resguardo por parte de los proveedores, ya que, de acuerdo con lo revisado físicamente, 67 bienes no se encontraban en los domicilios de los proveedores señalados en el acta de entrega-recepción.
“Se identificó que cinco mil 776 bienes destinados al nuevo Hospital General de Ciudad Madero carecen de número de inventario y de un seguro que cubra los equipos adquiridos con el propósito de garantizar su recuperación en caso de siniestro”.
Finalmente, el jefe de departamento Zona Sur de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del estado de Tamaulipas, informó que “el Hospital General de Ciudad Madero está integrado de cuatro pisos, los cuales están terminados en sus trabajos de obra negra al 100.0%, sin incluir el área de oncología, que se realizó una tercera contratación que será pagada con recursos estatales y comprenden trabajos de obra consistentes en desmantelamientos y reposiciones de trabajos de la obra contaminada por la fauna (murciélagos en tuberías) y dañada por el intemperismo del ambiente (oxidación)”.
EN LA LISTA NEGRA
La empresa contratada por el Gobierno anterior para el suministro de medicamento hasta diciembre de 2022, además de estar sancionada e inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y también observada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), solamente brindó el servicio parcialmente los primeros cuatro meses del año, lo que derivó crisis de desabasto en los hospitales de la Secretaría de Salud en el estado.
El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, confirmó que la empresa Intercontinental de Medicamentos S.A. de C.V. recibió un contrato multianual por mil 150 millones de pesos, sin embargo, únicamente suministró el medicamento el primer bimestre y parcialmente el segundo, “lo que repercute de manera directa en el desabasto y en la calidad de los servicios de salud”.
Al detectar que presentó facturas para cobrar por el servicio que no prestó durante más de cuatro meses y falsear información al momento de licitar en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, el 12 de abril de 2021 la Función Pública inhabilitó por tres años a Intercontinental de Medicamento y también recibió una multa resarcitoria por un millón 358 mil 820 pesos.
LA ASF TRAS LA SST
En el caso de la Auditoría Superior de la Federación, en la Cuenta Pública 2020, auditoría de cumplimiento número 1346; observó que la empresa vendió los medicamentos a la Secretaría de Salud a sobrecosto respecto al Precios Máximos de Referencia (PMR) y aumentó 20 millones 933 mil 690 pesos adicionales el valor de los suministros.
El contrato multianual SST/SAF/DJ/DC/V/0067/2020 se firmó el 14 de agosto de 2020 con vigencia al 31 de diciembre de 2022, éste establece un costo total de mil 150 millones de pesos. Otro contrato de esta misma empresa que también generó observaciones por la ASF es el SST/SAF/DJ/DC/V/0012/2020 de 110 millones de pesos vía adjudicación directa, con el que supuestamente adquirió suministro de medicamentos y material de curación con servicio de administración y dispensación de los mismos en su modalidad de stock y farmacia.
Cabe destacar que el Artículo 86 de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios señala que está permitido rescindir los contratos celebrados cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones, agregando en el apartado 4: “podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas, se extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado o al Municipio, o se determine la nulidad parcial o total de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la autoridad competente”.
También podrán ser acreedores a una sanción de acuerdo al Artículo 100; “los proveedores o licitantes que incurran en infracciones a esta ley, según la gravedad del acto u omisión de que fueren responsables, podrán ser sancionados con multa equivalente a la cantidad de cien hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, en la fecha de la infracción, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que se hicieren acreedores”.
El Artículo 101, agrega que serán inhabilitados los proveedores que “no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la administración pública estatal o a la administración municipal, en su caso; así como aquellos que entreguen bienes o presten servicios con especificaciones distintas”.
