diciembre 13, 2024
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octubre 14, 2022 | 340 vistas

Alfredo Guevara.-

Cd. Victoria, Tam.-
Cada una de las dependencias del Gobierno del Estado evalúa el número de laudos que enfrenta por el supuesto despido injustificado de trabajadores en la administración estatal, en aras de conocer el impacto económico y contemplarlo, de ser posible, para el próximo ejercicio fiscal 2023.

La directora jurídica del Ejecutivo estatal, Tania Gisela Contreras López, no descartó que en muchos de los laudos existen una intención deliberada de las Juntas de Conciliación y Arbitraje de ir postergando la ejecución de las resoluciones para no impactar en las finanzas de la administración anterior.

Agregó también que, además de los laudos, lo mismo sucede con proveedores y prestadores de servicios al Gobierno del Estado, en los que también es evidente irse retrasando los pagos, hasta cierto punto en forma injustificada con la idea de que se fueran acumulando todas las obligaciones de pago, postergados al uno de octubre.

“Hay una evaluación por parte de la Secretaría de Administración por conocer los montos y las fechas de los laudos, hay resoluciones que están por cumplimentarse y ejecutarse en los próximos días, el monto será dado a conocer en función del mismo análisis y evaluación por esa dependencia”, señaló.

Dejó en claro que es obligación del Gobierno del Estado hacer frente a esta situación y no optativo, de ahí que se esté considerando la posibilidad, de que, dependiendo del monto a pagar por los laudos, se incluya en el presupuesto de egresos para el próximo ejercicio fiscal 2023.

De acuerdo a las resoluciones que han estado llegando, en su mayoría se trata de trabajadores que fueron despedidos en la anterior administración estatal de manera injustificada.

En base a ello, Contreras López apuntó que cada asunto en tema laboral se analiza su evaluación de manera particular, valorando si la persona desea reintegrarse a su actividad laboral o ser liquidado conforme a su antigüedad.

Recordó la Directora Jurídica del Ejecutivo estatal que es un derecho de las personas negociar sus condiciones de reincorporación al trabajo, de ahí que las dependencias evalúen esa situación para remitir la información a la Secretaría de Administración.

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