Rogelio Rodríguez Mendoza.-
La organización no gubernamental “México Unido contra la Delincuencia” llamó a los congresos estatales a no respaldar la reforma constitucional que prolonga hasta el 2028 la participación de las fuerzas federales en el combate a la inseguridad pública.
Advirtió que de concretarse esta reforma será eliminado el único límite a la presencia militar que quedaba, el de la temporalidad, y entregará el control de la seguridad a una institución que no acepta ni aceptará ningún tipo de supervisión civil, comenzando por la parlamentaria.
“Por ello, llamamos a las legislaturas de los estados y a la sociedad civil que se opongan a esta y a cualquier otra medida tendiente a aumentar el poder militar en detrimento de la democracia y del carácter civil de la administración de los asuntos públicos”, señaló.
Advirtió que todos los poderes de la Unión continúan agudizando la situación de violencia, al socavar las vías democráticas para el contenimiento del poder militar.
“De tal forma, las fuerzas armadas continuarán actuando de manera autónoma, sin controles ni fiscalización civil y en total impunidad. Los tres poderes han montado el escenario perfecto para fortalecer a las instituciones castrenses y, a la vez, debilitar a las instituciones civiles”, sentenció.
La ONG precisó que el aplazamiento del retiro de los militares de las calles ocurre dentro de un contexto en el que el Gobierno federal ha resuelto asegurar la autonomía financiera de las autoridades castrenses, así como otorgarle una gran cantidad de facultades y tareas propias de la administración pública, como el control migratorio, la construcción de infraestructura y la administración de aduanas.
Tan solo de 2006 a 2021 los recursos a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aumentaron en 163 por ciento y los de la Secretaría de Marina (Semar), en 119 por ciento.
