Patricia Azuara.-
Cd. Victoria, Tam.-
Fue en el marco de la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando irrumpió entre los presentes. Gritó desesperada con su cabello cano y su mirada llena de coraje. Clamó justicia, una y otra vez, “mi hijo es inocente”.
Era ella, Adriana González, la suegra de la española María del Pilar Garrido Santamans, asesinada en 2017. Cinco años en silencio desde que su hijo fue acusado de feminicidio en un proceso plagado de pruebas falsas, desestimaciones e ilegalidad, aseguró.
Un caso que “construyó” la Fiscalía General del Estado, para darle “carpetazo”, dijo, al crimen que desestabilizó el arranque del gobierno del panista Francisco García Cabeza de Vaca, y puso endebles las relaciones diplomáticas y posibles intercambios comerciales con España.
El impacto mediático que tuvo a nivel internacional el asesinato de María del Pilar colocó nuevamente a Tamaulipas en el ojo del huracán, justo cuando iniciaban los tan esperados vientos de cambio.
LA MANCHA
El homicidio de Garrido Santamans fue entonces la mancha que empañó el comienzo de una administración histórica, cuando la oposición panista derrotó por primera vez en 86 años al sistema priista, con la firme promesa de acabar con la inseguridad, en una entidad donde aquellos años, corrían ríos de sangre y los crímenes eran imparables.
Los tamaulipecos y extranjeros que radicaban en la entidad, tenían su esperanza puesta en el entonces denominado gobierno de la alternancia. Fernández era uno de ellos, recordó.
Maestro en criminología de la Universidad de Seguridad y Justicia, construyó una familia con la valenciana, que a decir de sus allegados, era estable y sin mayores problemas.
Jorge, Pilar y su bebé salieron un fin de semana de paseo a la playa La Pesca, en Soto La Marina, a poco más de 170 kilómetros de Ciudad Victoria, sin imaginar que a su regreso, aquel dos de julio de 2017, el destino se volcaría en contra. Unos segundos bastaron para que su historia se desmoronara y sus planes culminaran de la peor manera.
Camino a casa, hombres armados a bordo de un vehículo interceptaron a la pareja y privaron de la libertad a Garrido Santamans, según la versión de Jorge Fernández, que finalmente se “tumbó” tras la investigación de los agentes del Ministerio Público quienes no siguieron otra línea más que la de feminicidio.
ESE DÍA
Ese día, y sin poder hacer más, Jorge aceleró su trayecto para llegar a Ciudad Victoria, acompañado solo de su hijo, según sus primeras declaraciones. A casi dos meses del rapto, el 29 de agosto de 2017, los encargados de la investigación lo señalaron como el único presunto culpable y pidieron la pena máxima por feminicidio. Fue detenido y recluido en el Penal de Ciudad Victoria.
El juez que lo declaró culpable basó su veredicto en la geolocalización del teléfono móvil de su esposa, el sitio donde se encontró la osamenta que se localizó en un lugar contrario a su versión, contradicciones en sus relatos y su profesión.
En medio de muchas incógnitas y con una atención mediática en ambos lados del Atlántico, los primeros días del mes de enero de 2019, se le dio “carpetazo” al caso y Fernández fue condenado a 47 años de prisión.
La custodia de su hijo se otorgó a la madre de Garrido Santamans y fue llevado a España. La familia de la valenciana siempre defendió la inocencia de Fernández, e incluso enviaron algunas cartas a los jueces, hecho que también fue desestimado.
A lo largo del proceso sucedieron situaciones inexplicables, desde la desintegración de las cadenas de ADN de la osamenta de María del Pilar, antropólogos sin título encargados de la investigación hasta desestimar pruebas contundentes, como la operación del crimen organizado en la zona, señaló.
Esto obligó a ambas familias a ejecutar sus propias indagatorias y presentar sus pruebas, que poco abonaron para demostrar la inocencia de Fernández.
LA INJUSTICIA
El esposo de la valenciana fue acusado de golpearla y estrangularla, y hoy continúa tras las rejas, pese a que en 2021 el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región con sede en Saltillo, Coahuila, revocó la sentencia por falta de pruebas.
La Justicia Federal otorgó un amparo (1258/2019 inconformidad 8/2022) que liberaría a Fernández, sin embargo, a decir de su madre el proceso “lo tienen atorado” en el Estado.
En este momento corresponde al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del 19 Circuito con sede en Ciudad Victoria, emitir una nueva resolución, en la que al seguir la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debería obtener su libertad.
MI HIJO ESTÁ PRESO
Con su piel que refleja sumo cansancio, acompañada de su esposo, Jorge Fernández, y un retrato de la pareja, Adriana González, gritó:
“Mi hijo está preso injustificadamente, ¿por qué? Por la soberbia de un gobierno y un Fiscal soberbio y malo. Irving Barrios Mojica metió a mi hijo a la cárcel injustamente y sin pruebas, una sola prueba no hay en contra de mi hijo, desestimaron a todos, hasta a la familia de mi nuera”.
Remarcó, “esto es una injusticia gravísima y así como él (Jorge Fernández) hay muchos más. Estamos en amparo directo, para que resuelvan el caso, es que no hay prueba, por Dios Santo, no hay una prueba que lo inculpe”, su voz se quebró.
Con la salida de Cabeza de Vaca del gobierno, los padres de Jorge Fernández tienen su esperanza puesta en el actual gobierno que encabeza Américo Villarreal Anaya e incluso entregaron una carta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que agilice la liberación de su hijo.
A decir de sus padres, Jorge es un hombre que se abrazó a su fe tras su aprehensión y espera que la justicia, esa que no es de los hombres, sino la de Dios, le permita en breve reencontrarse con su hijo, a cinco años de su cruel e injusta separación.
