Shalma Castillo.-
Cd. Victoria, Tam.-
Aunque las autoridades no han confirmado el número, cientos de trabajadores del Estado presuntamente fueron estafados con el pago de pólizas de seguro, pues la empresa Consultoría Internacional de Seguros y Fianzas, S.C. también fue contratada en el anterior gobierno para otorgar este servicio en otras dos secretarías, además de Salud. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJ) giró órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables.
A raíz del incremento de muertes a consecuencia del covid-19, la demanda de indemnizaciones a los familiares de las víctimas se disparó en este período de pandemia, sobre todo para quienes laboran en el sector salud de Tamaulipas, que al momento de querer cobrar las pólizas de seguro que en vida el trabajador pagó de manera íntegra, la empresa no respondió con el dinero y los propietarios de la misma presuntamente huyeron ante dicha situación.
Además de la Secretaría de Salud, la empresa aseguradora también fue contratada para este servicio en la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) y la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), que hasta el momento las autoridades salientes y actuales del Gobierno estatal y dichas demencias no han informado el número de trabajadores afectados y el monto del posible desfalco.
En torno a este caso, la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que obtuvieron las órdenes de aprehensión en contra los propietarios de la empresa: Luz Olivia “G” y Héctor Francisco “M” por el delito de fraude, relacionado con la obtención de recursos indebidos que afectaron el erario público estatal; “los imputados generaron un perjuicio al Estado y familiares de trabajadores, al no cubrir el pago de seguros”.
La Fiscalía también confirmó que en los registros que obran en su poder existen otras carpetas de investigación abiertas por hechos semejantes, ocurridos en el período del año 2019 al 2021. Sin embargo, se desconocen las acciones en consecuencia para recuperar el recurso que pertenece a los familiares de los trabajadores del Estado que fallecieron en ese período.
A pesar de que la empresa presenta una serie de “alertas”, fue contratada para este servicio por el Gobierno estatal anterior, en este caso la Secretaría de Administración ni siquiera corroboró si la aseguradora cumplía con la capacidad y requisitos para poder celebrar contrataciones, esto debido a que cumple con uno de los requisitos obligatorios, estar constituido y dado de alta en el Registro Público del Comercio.
