Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.-
El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) impulsa una reforma a la Ley de Hacienda de Tamaulipas para condonar el cobro de diversos derechos a las personas discapacitadas, entre ellos, los relacionados con la licencia de conducir, reposición o canje de placas, y al menos una docena más.
La iniciativa es promovida por el diputado Marco Antonio Gallegos Galván, quien propone adicionar la fracción IX al artículo 61 del citado ordenamiento normativo.
De ser aprobada la acción legislativa, el citado numeral establecerá que no causarán los derechos establecidos en el artículo 59 : Las constancias, certificaciones, cotejo, búsqueda y copia de documentos, expedición de copias simples o certificaciones, gafetes o carnet, inscripciones, cancelaciones, licencias de conducir, permisos, reposición o canje de placas de vehículos de motor o remolques de servicio particular, ratificación de firmas, calcomanías o stickers, para personas con discapacidad vigente establecida por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tamaulipas, que residan en la entidad, por dependencias, entidades y fideicomisos del Ejecutivo del Estado, los ayuntamientos y organismos autónomos.
De acuerdo con estadísticas del censo 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (lnegi), en Tamaulipas existe una población de 577 mil 731 personas con alguna discapacidad, lo cual equivale al 16.4 por ciento de la población en la entidad.
De esa cantidad de discapacitados, el 52.4 por ciento son mujeres y 47.6 son hombres.
Consideró que la reforma es necesaria, toda vez que históricamente las personas con discapacidad han sido relegadas de la vida económica, porque han tenido mayores dificultades para acceder a empleos bien remunerados, lo cual les genera una desventaja, así como una presunción palpable de que no se les permite acceder a recursos económicos suficientes en igualdad de condiciones que los demás.
“Por tanto, la necesidad de obtener una certificación, unas copias, una constancia de discapacidad o emprender un trámite administrativo para ello, puede constituir un reto económico que, lejos de materializar el acceso a la justicia como un derecho humano, lo convierte en un lujo difícil de alcanzar”, advirtió.
