Shalma Castillo.-
Cd. Victoria, Tam.-
Tan solo en los primeros siete meses del año en curso, la Contraloría Gubernamental de Tamaulipas inició 263 carpetas de investigación por presuntas responsabilidades administrativas cometidas por servidores públicos del Estado.
Al corte de septiembre de 2022 la Unidad de Investigación y Calificación de Faltas de la Contraloría estatal, informó que con las 263 carpetas radicadas en esa área se elaboraron 20 informes por presuntas responsabilidades administrativas cometidas de enero a julio de este mismo año.
En la emisión de dichos informes de presunta responsabilidad, dos de estos se calificaron como posibles responsabilidades administrativas que son consideradas graves y 18 con presunción de no grave.
De acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, algunas de las faltas graves de los servidores públicos es quien realiza acto u omisión de las siguientes acciones: “Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles”.
“Será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables”.
“Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés el servidor público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o impedimento legal”.
Mientras que se considerará falta administrativa no grave, los daños y perjuicios que, de manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna de las faltas administrativas graves, cause un servidor público a la Hacienda Pública o al patrimonio de un Ente público.
Mientras que, por otra parte, la Contraloría informó que durante el 2020 recibieron 286 denuncias y en el 2021 recibieron 146 denuncias de sospechas relativas a infracciones de integridad o actos de corrupción, de las cuales todavía no cuentan con resultados definitivos, ya que se encuentran en proceso de investigación.
Cabe destacar que la actual Administración estatal recientemente informó que el Órgano de Control inició 22 expedientes contra exfuncionarios públicos del Estado por presuntas irregularidades y probable daño a la Hacienda Pública durante el sexenio anterior.
