Rogelio Rodríguez Mendoza / Alfredo Guevara
Cd. Victoria, Tam.-
El gobernador Américo Villarreal Anaya confirmó estar trabajando en la construcción de consensos para obtener las dos terceras partes que se requieren en el Congreso para revertir reformas que representan ataduras para ejercer funciones como el orden jurídico lo establece.
Citó que los legisladores deben de entender que atrás quedaron los tiempos de opacidad, corrupción, intimidación, extorsión, amenazas, fabricación de delitos y que hoy, en la nueva administración estatal, no se van a tolerar estas prácticas.
Más tarde, el mandatario envió al Congreso del Estado una iniciativa de decreto para revertir las reformas impulsadas y aprobadas por el PAN en junio pasado, que convirtió en una “Súper Fiscalía” a la instancia responsable de investigar y perseguir los delitos, al cederle facultades en materia de seguridad pública que estaban dentro del ámbito del Ejecutivo.
Aunque la iniciativa había sido recibida desde el pasado diez de noviembre, a través de la Oficialía de Partes, fue hasta este martes que la recibió la mesa directiva del Pleno Legislativa.
El diputado de Morena, Marco Antonio Gallegos Galván, solicitó que se dispensara el turno a comisiones de la acción legislativa, para debatirla y aprobarla de inmediato, pero los 18 votos que obtuvo su propuesta fueron insuficientes para lograr su propósito. El PAN y PRI votaron en contra.
Debido a ello, la presidenta de la mesa directiva, Alejandra Cárdenas Castillejos, turnó la iniciativa a las comisiones de seguridad pública y reinserción social; estudios legislativos; administración y la de justicia.
Con su propuesta de reforma a cuatro leyes: la de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública; la de Seguridad Pública del Estado; la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, el gobernador Villarreal Anaya busca que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE) y el Centro de Análisis Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET) regresen al ámbito del Poder Ejecutivo, como estaban hasta junio pasado.
Con ello, también regresarían al ámbito del Gobierno estatal el mando sobre los Centros de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia, conocidos como C-4 y C-5, de quienes depende todo el sistema de videovigilancia.
En su momento, cuando impulsó las reformas, el PAN argumentó que el objetivo era fortalecer las tareas en materia de procuración de justicia y seguridad pública.
