diciembre 12, 2024
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noviembre 30, 2022 | 133 vistas

Alfredo Guevara.-

Cd. Victoria, Tam.-
Una relación de la geolocalización de basureros clandestinos, ubicados sobre todo en la periferia de las principales ciudades, será entregada a los alcaldes de la zona norte, centro y sur de Tamaulipas, adelantó Karl Heinz Becker Hernández.

El Subsecretario de Medio Ambiente consideró que corresponderá a los ayuntamientos acudir y proceder al cierre de los terrenos donde se encuentra el basurero clandestino y, de ser posible, recuperar el material para disponerlo de manera correcta.

A la par de ello, se analiza hasta dónde los municipios están en condiciones de imponer una sanción, tanto a particulares como posiblemente empresas que en la clandestinidad han creado ese tipo de basureros, para que los ayuntamientos no se vean rebasados “y el que contamine pague”.

Reveló que hasta ahora se han detectado vía satelital 926 tiraderos clandestinos en municipios de la zona norte, geolocalizados en la periferia de las ciudades, además de 50 localizados en la Capital del Estado y en espera del resultado de otras poblaciones.

Para determinar cómo tiradero clandestino, deben contar como característica de una superficie mínima de diez metros cuadrados y medio metro de altura.

Son tiraderos que inician con escombros, pero que se va incrementando con la acumulación de llantas, madera, fierro, lámina y otro material que no se dispone correctamente en los basureros.

A la Subsecretaría de Medio Ambiente no le cuesta ubicar ese tipo de tiraderos, al utilizar plataformas de geolocalización especializadas para esa función, como se hizo desde Matamoros hasta Nuevo Laredo.

Comentó que la idea es sostener una reunión con los alcaldes, no sin antes conocer las facultades y atribuciones de dependencias como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la federación y el Estado, para establecer acciones coordinadas.

Se pretende tomar medidas en aquellos lugares identificados por tiraderos clandestinos, pero a la vez, imponer sanciones económicas o administrativas contra particulares o empresas que los generen en el Estado.

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